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(+Informe) ONGs visibilizan los ataques a los que son víctimas las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela

Por Punto de Corte
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ONGs visibilizan los ataques a los que son víctimas las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela
En el documento destacan 10 exigencias a ser cumplidas por el Estado venezolano y que van en resguardo, no sólo de los defensores y defensoras de derechos humanos, (DDH); también en favor y resguardo de la población en general
Por: Emmanuel Rivas / Promedehum
Mérida, 30 de junio de 2020.

Con el fin de mostrar los patrones de ataque de mayor preocupación que enfrentan actualmente los defensores y defensoras de derechos humanos (DDH), un total de 44 organizaciones de la sociedad civil venezolana de 15 estados del país, presentaron un informe conjunto que incluye los ataques más recurrentes a los que están expuestos miembros de organizaciones no gubernamentales, activistas, periodistas, abogados y abogadas, personal de salud, sindicalistas, líderes sociales y comunitarios y los equipos de trabajo que contribuyen a la protección y asistencia humanitaria de poblaciones vulnerables; así lo dio a conocer Rigoberto Lobo, director general de la Asociación Civil Promedehum, organización que formó parte en el desarrollo de dicho informe.

Rigoberto Lobo señaló la importancia de tener un documento que registre e informe los riesgos a los que los DDH están expuestos, así como lo fue el informe individual de la organización a finales de 2018, considerando estos ataques como “una clara violación del derecho a la defensa de los derechos humanos que va en contra de los estándares de protección en el derecho internacional y la Constitución venezolana”, agregando además que “el Estado venezolano y otros actores de la sociedad civil están llamados a reconocer el trabajo de todas las personas defensoras de derechos humanos, haciendo especial énfasis en las mujeres defensoras en su derecho fundamental a defender derechos y también entender, que los ataques hacia las defensoras están estrechamente relacionados a la violencia de género incrementada por la impunidad”.

El informe está basado en la documentación de más de 50 casos de violación del derecho a la defensa de los derechos humanos durante los últimos 3 años y busca visibilizar, con casos reales, la vulnerabilidad a la que se encuentran expuestos los defensores y defensoras de DDHH.

En el caso de Mérida, la defensa de los derechos humanos no se ha visto ajena a la política de criminalización implementada por el Estado venezolano y por los órganos creados para limitar e incrementar las arbitrariedades a las que son sometidos diariamente quienes defienden los derechos humanos, quienes se convierten en víctimas de estigmatización, intimidación, acoso y vigilancia; compartiendo patrones de ataques que ocurren en otras partes del país. En su mayoría estos ataques son cometidos por funcionarios militares y policiales quienes, en muchos casos, aseguran que fueron autorizados para cometerlos por instancias centrales de gobierno.

En cuanto a las medidas preventivas para evitar el contagio de la Covid-19, en Mérida exceden las establecidas en el decreto nacional de Estado de Alarma, esta extralimitación ha propiciado numerosas arbitrariedades de funcionarios policiales y militares al margen de las leyes y normas constitucionales.

El documento además destaca que son las protestas el principal motivo de criminalización, hostigamiento y represión de los cuerpos de seguridad en coordinación con grupos de civiles pro gobierno. La situación de pandemia por Covid-19 incrementó las amenazas de estas prácticas para las labores de defensa y la seguridad de DDH.Las 44 organizaciones firmantes del informe, hacen un llamado urgente al Estado venezolano a: Reconocer, facilitar y asegurar el trabajo legítimo de los defensores y las defensoras de derechos humanos respetando la Constitución de 1999 y los tratados internacionales. Erradicar la política de criminalización, difamación y desprestigio del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos. Desmantelar de forma inmediata los sistemas, organizaciones y grupos responsables de la represión, detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales; además, de garantizar la libertad de asociación y los actos de registro que requieren las organizaciones que defienden derechos humanos, la libertad de reunión y manifestación pacífica, el libre acceso de los defensores y defensoras de derechos humanos a las instalaciones que dependen del Estado a nivel nacional, estadal y municipal; garantizar el pleno acceso a la información pública y su máxima divulgación a todos los sectores y estados del país, al igual que la libertad de expresión y de prensa, el libre ejercicio de la labor periodística y de los medios de comunicación independientes, la accesibilidad a los servicios de telefonía e internet, el aceleramiento de una respuesta humanitaria internacional en las proporciones y con la urgencia necesaria en todo el territorio nacional, restablecer el orden democrático respetando la separación e independencia de los poderes públicos y garantizar la salud de la población en medio de la pandemia generada por la Covid-19, adoptando las recomendaciones de los Relatores Especiales de las Naciones Unidas, la ACNUDH y la CIDH en la aplicación de medidas extraordinarias que garanticen todos los derechos humanos, y la consulta y contribución de la sociedad civil.

Con información de PROMEDEHUM

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