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Examen ONU| Venezuela: «Enemigos internos. La defensa de los derechos humanos bajo ataque»

Por María Alejandra Silva
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Expertos de la ONU señalan que emergencia sanitaria por el COVID-19 en Venezuela, no es excusa para violar los DD.HH.

Caracas 10 de marzo de 2020. Desde hace muchos años los organismos internacionales de derechos humanos han mostrado su preocupación por la situación de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela, incluyendo las relatorías y comités tanto del Sistema de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano.

Sin embargo, hasta ahora la situación de las personas defensoras en Venezuela había estado insuficientemente documentada y no se había realizado ningún análisis integral que permitiera identificar las principales causas de vulnerabilidad para las personas defensoras. Todo ello, a pesar del escalamiento de la gravedad de la situación para las personas defensoras y de las objetivas implicaciones que esto tiene en el cierre del espacio cívico en Venezuela. El informe busca ofrecer elementos de análisis así como emitir recomendaciones concretas que permitan avanzar hacia el establecimiento de garantías para el derecho a defender derechos humanos en el país. Este informe conjunto entre dos organizaciones internacionales y tres organizaciones venezolanas busca tapar este vacío.

Nuestras organizaciones han podido documentar un total de 121 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en Venezuela durante los años 2018 y 2019 incluyendo 60 actos de difamación, 44 actos de hostigamiento e intimidación, así como 8 casos de detención arbitraria. En cuanto a los responsables de los ataques, el Estado aparece como el perpetrador de la mayor parte de los ataques, ya sea mediante sus herramientas de comunicación como el portal Misión Verdad, que registra 31% de los ataques documentados, o el programa de televisión Con el Mazo Dando, que registra 29% de los ataques totales, o por medio de los Cuerpos de Seguridad del Estado, que abarcan 14% de los ataques contra las personas defensoras de derechos humanos.

Si bien las cifras reales superarán con creces este número, esta sistematización de ataques da cuenta de varios de los patrones de represión que se utilizan contra quienes defienden derechos humanos en el país.

La defensa de derechos humanos en un contexto de crisis política, humanitaria y de derechos humanos
El contexto de crisis generalizada en el país ha aumentado las expresiones sociales de exigencia de derechos como consecuencia de la Emergencia Humanitaria Compleja que se ha traducido en acciones de reivindicación de derechos frente a situaciones como la carestía de productos y servicios esenciales. Además, la comisión de graves violaciones de derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, como en el caso de los 10 971 casos de ejecuciones extrajudiciales que COFAVIC ha podido documentar entre 2012 y 2019, ha implicado asimismo la movilización de familiares de víctimas. Este contexto ha llevado al surgimiento de personas defensoras “sobrevenidas” que han tomado un liderazgo en la defensa de derechos humanos debido al contexto del país.

Uno de los factores que evidencian el aumento de acciones de exigencia de derechos es el fuerte incremento en el número de protestas registradas en el país. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), ha documentado la existencia de más de 76 000 protestas entre los años 2011 y 2019, una cifra significativa en la que se destacan los años 2014, 2017, 2018 y 2019 como períodos récord en volumen de protestas civiles. La represión de la protesta como política sistemática ha generado un saldo de miles de detenciones arbitrarias, más de 4000 personas heridas y numerosos casos de muertes en el contexto de protestas: 42 muertes en 2014, 163 muertes en 2017, 14 muertes en 2018 y 67 en 2019 según datos del OVCS.

Más allá de la política de criminalización de la protesta social, la respuesta estatal a la exigencia de derechos por parte de la población civil ha generado un andamiaje jurídico y fáctico, mediante el cual se crea un ambiente hostil y adverso al trabajo de defensa de los derechos humanos en el que se identifica a toda persona que exija derechos como enemigo del Estado.

El hostigamiento contra Ana Rosario Contreras por su defensa de derechos humanos como presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería del Distrito Capital o la ejecución extrajudicial por parte de la policía del sobrino de la defensora Ruth Pérez, son claros ejemplos de los riesgos que enfrentan quienes defienden derechos humanos. Incluso, la realización de labores humanitarias puede llevar a actos de hostigamiento e intimidación como en el caso de la ONG Prepara Familia.

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