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OVP denuncia masacre en penal de Amazonas

Por María Alejandra López
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Carcel-Amazonas. Cortesía Runrun.es

El 16 de agosto de 2017 los ataúdes, carrozas fúnebres y funerarias en Puerto Ayacucho fueron insuficientes después del complicado escenario que se vivió en el El Centro de Detención Judicial de Amazonas creado en 2008.

La masacre habría acabado con la vida de 39 personas, (Entre reos y visitantes) después que una incursión militar y policial intentase tomar el control del retén.

Se conoció que no hubo si quiera intento de negociar con los presos para que se despojaran de sus armas y tampoco se agostaron mecanismos alternativos de uso de fuerza. 

(Caracas, 22 de noviembre de 2017)-. Mediante un informe difundido por el Observatorio Venezolano de Prisiones y presentado el martes 21 de noviembre, dónde describe “El ataque de la fuerza pública no tuvo como criterio el de producir el menor número posible de reclusos heridos y muertos; por el contrario, al disparar de manera indiscriminada no solo contra quienes portaban armas, sino también contra desarmados y visitantes, el asalto se orientó a causar un alto número de muertos“.

El informe estaría respaldado por testimonios de sobrevivientes y familiares de los fallecidos, haciendo una panorámica desde los antecedentes de la matanza, descuido de las autoridades (Regionales y nacionales), conflictividad política que favoreció a los “pranes” e incluso un ataque previo, perpetrado por un grupo armado irregular dentro del recinto que, presuntamente, estuvo apoyado por cuerpos policiales.

“Ni olvido, ni impunidad. Masacre con premeditación y alevosía en el Centro de Detención Judicial de Amazonas” asevera el informe.

Retén Amazonas cortesía Runrun.es

Retén Amazonas cortesía Runrun.es

Matanza en las sombras

El hecho se remonta a la noche del 15 de agosto, específicamente a las 9:00 pm. Algunos días antes, se habría corrido el rumor que la policía intervendría en el penal y esto se confirmó, al momento que un corte de energía eléctrica habría dado lugar en el centro y sus alrededores. Marcaría el inicio de una larga noche y sangienta mañana, protagonizada por un “despliegue excesivo de polícias y militares“.

No tuvo lugar a ningún tipo de mediación ni presencia de representantes de la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y mucho menos convocado a sectores de la iglesia para evitar el enfrentamiento, en cualquiera de los escenarios previamente planteados se pudo haber protegido los derechos a los privados de libertad. De hecho, habría ocurrido todo lo contrario, la directora del centro judicial, Yamilet Yenny Camico, denunció que “practicamente” la tenían secuestrada en un destacamento policial y le impidieron actuar en pro de los reclusos.

 “En una de ellas, el pran número uno que lideraba a los presos, Roberto Antonio Martínez Orozco, le comunicó a uno de los jefes policiales vía telefónica que se rendirían al amanecer, que en la oscuridad de la noche no lo iban a hacer y que exigían la presencia del Ministerio Público y de la Defensoría. En otra, los reclusos informaron a los jefes policiales que entre ellos se encontraban tres niños (entre seis meses y cuatro años de edad) y 10 mujeres que habían ido de visita esa tarde. Eso fue transmitido por uno de los pocos custodios civiles del penal”. No hubo acciones para hacer posible la salida de los visitantes en el recinto.

Los protagonistas de la masacre (Miembros de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Grupo de Respuesta Inmediata de Seguridad y Custodia del Ministerio de Servicios Penitenciarios y el Comando Nacional Antisecuestro (CONAS) y con apoyo de la Guardia Nacional) habrían irrumpido al sitio con armas de guerra, R15 y Kalashnikov, granadas, bombas lacrimógenas, aturdidoras, y otros explosivos no identificados. También se trascendió que hicieron uso de una tanqueta y un helicóptero para disparar contra la población carcelaria.

“Se planificó y ejecutó con desprecio a la vida de los privados de libertad” Según el OVP.

En un acto de flagante violación de las obligaciones que a los cuerpos de seguridad del Estado impone en la Carta Magna, sino también de compromisos internacionales derivados de la adopción en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, 1990).

Fosas que se preparaban para las víctimas de la Masacre del retén de Amazonas. Foto: OVP

Fosas que se preparaban para las víctimas de la Masacre del retén de Amazonas. Foto: OVP

El manifiesto destaca la responsabilidad de los dirigentes de la operación:

  1. Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, General Néstor Reverol
  2. Comisario general del Cicpc, Wilfredo Vargas Ferrer
  3. Comisario de investigaciones de ese mismo cuerpo, Argenis Castillo
  4. Ministra de Servicios Penitenciarios, Mirelys Contreras Moreno
  5. General de la Guardia Nacional, Eduardo Peña
  6. General Eleazar Pinto Gutiérrez
  7. Vicealmirante Andrés Garcés Ortega, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Amazonas

Torturas, amenazas de violación, ejecuciones y lanzamientos de la azotea

A través de las entrevistas en el documento difundido por el OVP se conoció que los reos empezaron a rendirse al rededor de las 7 u 8 am del 16 de agosto, para el momento habrían 3 bajas. Sin embargo, según comentan los familiares quienes habrían establecido comunicación con algún familiar recluido y éste informó que estaba bien luego de haberse dado la rendición. Horas después estaría muerto.

De la misma manera destaca que algunos de los reos presentaron indicios de tortura previas a su asesinato. Otros, presentaron herida de proyectil en la nuca y cabeza (siendo indicativo de ejecución). Por su parte, otros casos presentaron más de 10 heridas por arma de fuego. Mientras un grupo de reclusos ubicados en la azotea, que presentaban heridas no letales habrían sido lanzados, resultando con el rostro desfigurado a consecuencia de la fulminante caída.

Mientras tanto, los sobrevivientes señalaron que fueron sometidos a tratos crueles e inhumanos. Golpes, simulacros de ejecuciones y amenazas de violación, son los más denunciados. Al mismo tiempo, a otros se les desnudó y humilló en público, pero a quienes presenciaron la masacre, les amenazaban de muerte si informaban sobre lo sucedido, también se les privó por más de doce horas de agua y alimentos.

Los familiares, igualmente, sufrieron malos tratos al no ser debidamente informados de lo que había sucedido con las víctimas fatales. Entre lo que tuvieron que soportar fue ver a los cadáveres de los suyos apilados dentro de los calabozos y camiones.

Bombas artesanales tipo Molotov. Cortesía Notitarde

Bombas artesanales tipo Molotov. Cortesía Notitarde

En los antecedentes del retén…

Se creó en 2008 para albergar a los privados de libertad que estaban sometidos a juicio y no habían recibido sentencia. Constando con una amplitud de espacios, durante los primeros años se cumplió la meta de promover actividades que contrarestasen el ocio. Para enero de 2012 la vida diaria en el penal cambiaría, luego de ser intervenido por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz cómo medida de retaliación política (Previamente estuvo a cargo del gobernador opositor, Liborio Guarulla). Desde entonces se empezaron a registrar hecho de violencia entre internos, suspendiendo las actividades anti-ocio e instaurándose una jerarquía de “pranato“.

“Mientras la gobernación garantizaba el control externo del penal, el control interno estaba en manos de los pranes” Señala el informe.

El 24 de abril de 2017, fue el escenario de otro hecho violento. Cuando presuntos integrantes de un grupo guerrillero denominados “Pata de goma” (Por las botas de goma que usan) con intenciones de asesinar a los pranes. El atentado duró 5 horas y no se detecto la intervención de ninguna fuerza del Estado. Por el contrario, tanto los privados de libertad como sus familiares visitantes afirmaron que el ataque se ejecutó en complicidad con la policía de Amazonas, CICPC y SEBIN. Una vez que los reclusos asesinaron a 2 de los atacantes y la situación retomó la normalidad, la custodia externa del penal pasó a manos de GNB.

El informe realizado por el Observatorio Venezolano de Prisiones, resalta el hecho que aunque el Ministerio Público, la Asamblea Nacional y Asamblea Nacional Constituyente anunciaron que investigarían los sucesos, se desconoce qué han hecho al respecto. El OVP ha quedado sin respuesta al momento de hacer la solicitud de avance en las pesquisas ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República.

Con información de Runrun.es

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