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Partido político UPP89 denuncia que el régimen de Nicolás Maduro sólo quiere participación selectiva en Mesa de Diálogo

Por Punto de Corte
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Garantías Electorales

Caracas, 19 de noviembre de 2019.

El coordinador nacional de la UPP89 y ex – candidato presidencial, Reinaldo Quijada denuncia que el gobierno no quiere la adhesión de algunos factores políticos en la Mesa de Diálogo Nacional. Sería el caso del partido UPP89 y de otros factores que le son “incómodos”. A pesar de ello manifiestan seguir interesados en adherirse a la iniciativa que cuatro partidos de oposición – Soluciones, MAS, Avanzada Progresista y Cambiemos – han venido desarrollando, desde el pasado 16 de septiembre del año en curso, con el Ejecutivo Nacional. En este sentido están haciendo pública una comunicación enviada, la semana pasada, al gobierno y a los factores políticos que participan en la Mesa de Dialogo, con las propuestas que, de acuerdo a la organización UPP89, deberían formar parte de las garantías electorales necesarias para la participación electoral en términos de equidad y transparencia.

“El gobierno y los 4 partidos promotores – señala Reinaldo Quijada – convocaron a varios factores políticos a un Acto de Adhesión a la Mesa de Diálogo, primero en la Casa Amarilla, evento que fue cancelado por el gobierno, luego mediante una nueva convocatoria en el Hotel Meliá que tampoco se concretó porque el gobierno no se presentó y nos dejó plantados, tanto a los 4 partidos promotores, como a los nuevos adherentes. Más recientemente se nos informó que el gobierno quería restringir la participación de los nuevos actores a una sola mesa, la Mesa de Partidos Políticos. Esto último no fue aceptado por nosotros”.

“Nosotros estamos dispuestos a participar en las elecciones parlamentarias que, constitucionalmente, deben convocarse para el segundo semestre del año que viene, siempre y cuando este proceso electoral se realice con un nuevo CNE que le genere confianza al electorado y se cumpla con un cuerpo importante de garantías electorales constitucionales. Y creemos que debemos plantearle al país el tema del Referendo Revocatorio Presidencial. Ciertamente faltan más de dos años para que pueda convocarse, como lo establece el artículo 72 de la CRBV, pero hay que empezar a considerar esta alternativa constitucional. Es un objetivo central de la UPP89”.

Otro aspecto relevante de la propuesta de la UPP89 es establecer, mediante acuerdo político, la vigencia legal de todos los partidos opositores que participaron en la elección del 06 de diciembre de 2015, que se agruparon en la tarjeta electoral de la MUD, que tienen una pública y notoria actividad política y que tienen representación en la actual Asamblea Nacional. “Partidos como Voluntad Popular, AD, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Vente Venezuela, Causa R, entre otros – señala el coordinador de la UPP89 –son parte de la vida política del país, tienen presencia en la Asamblea Nacional y una militancia importante que convalida su derecho político a la participación para lo cual debería restablecerse su vigencia legal, sin la necesidad de pasar por un proceso de validación de manifestaciones de voluntad”. 

Igualmente, destaca Quijada, la necesidad de controlar el uso de los fondos públicos por parte del Ejecutivo Nacional. “El artículo 67 de la CRBV es preciso en este sentido. No está permitido el financiamiento de las organizaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado. El gobierno viola pública, flagrante y notoriamente esta cláusula constitucional. Nosotros estamos pidiendo que las delegaciones de acompañamiento y observación internacional velen por el cumplimiento de esta norma constitucional”.

“Todo lo que estamos exigiendo está contemplado en la CRBV pero no se cumple”, finaliza diciendo Quijada.

A continuación texto completo de la propuesta de «Garantías Electorales»:

Acuerdo de Garantías Electorales – Propuesta UPP89

En materia electoral se propone que se realicen las elecciones parlamentarias en el segundo semestre del año 2020 con un nuevo CNE conformado, mediante acuerdo político, entre las partes, gobierno y oposición, y según lo establecido en el artículo 296 de la CRBV. Igualmente el nuevo CNE deberá establecer, en el último trimestre del año 2021, las normas que deberán regir la solicitud de convocatoria y la recolección de firmas, para un eventual referendo revocatorio presidencial, a realizarse en el primer semestre del año 2022, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72 de la CRBV, una vez transcurrido la mitad del periodo para el cual fue elegido el Presidente de la República y siempre y cuando la convocatoria sea solicitada por un número no menor del 20% de los electores y electoras inscritos en el REP.

En ese sentido se proponen las siguientes garantías electorales:

·        El nuevo CNE deberá ser conformado, con un mínimo de 6 meses de antelación con relación a la fecha de convocatoria de las elecciones parlamentarias del año 2020, mediante acuerdo político, entre las partes, gobierno y oposición, y según lo establecido en el artículo 296 de la CRBV. Art. 296. “El Consejo Nacional Electoral estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos; tres de ellos o ellas serán postulados o postuladas por la sociedad civil, uno o una por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales y uno o una por el Poder Ciudadano”.

·        Las elecciones parlamentarias deberán realizarse en el segundo semestre del año 2020, en fecha acordada por las partes, y cumpliéndose con el lapso de permanencia en el cargo de elección popular que establece el artículo 192 de la CRBV que señala que “Los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones”.

·        El referendo revocatorio presidencial deberá convocarse de acuerdo a la normativa establecida en la Resolución del CNE No. 070327 – 341, de fecha 27 de marzo de 2007, “NORMAS PARA REGULAR LOS REFERENDOS REVOCATORIOS” que establece en su artículo 2, “El Consejo Nacional Electoral aprobará, en el último trimestre de cada año, el cronograma para las jornadas de otorgamiento de las manifestaciones de voluntad de todas aquellas participaciones que sean declaradas procedentes y para la realización de los referendo revocatorios de los funcionarios revocables en el año siguiente” y en su artículo 3, “Declarada la procedencia de la solicitud de referendo revocatorio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la Resolución Nº 070207- 036 de fecha 07 de febrero de 2007 sobre NORMAS PARA REGULAR EL PROCEDIMIENTO DE PROMOCIÓN Y SOLICITUD DE REFERENDOS REVOCATORIOS DE CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, el Consejo Nacional Electoral convocará a la realización del referendo revocatorio”.

·        Se acordará la vigencia legal de todos los partidos políticos que participaron en las elecciones del 06 de diciembre de 2015, que cuenten con una representación en la actual Asamblea Nacional, que son de comprobable y pública militancia, en correspondencia con el artículo 67 de la CRBV. Art. 67. “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección”. Sin la necesidad de pasar por un proceso de validación de manifestaciones de voluntad.

·        Se velará por el cumplimiento del artículo 67 de la CRBV en lo concerniente al uso de fondos públicos en el financiamiento de las campañas electorales. Art. 67. “No se permitirá el financiamiento de las asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado” y de lo establecido en el artículo 257 del Reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

·        El Consejo Nacional Electoral establecerá las condiciones necesarias para que se cumpla lo establecido en el artículo 293 de la CRBV. Art. 293. “Los órganos del Poder electoral garantizarán la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, así como la personalización del sufragio y la representación proporcional”. En este sentido, deberá regularse, de manera estricta, las normas del “voto asistido” y garantizarse la “representación proporcional de las minorías” que establece la CRBV.

·        El Consejo Nacional Electoral, en aras de garantizar la transparencia de los procesos de votación y la defensa equitativa del voto, en función del artículo 293 de la CRBV, antes mencionado, y del precepto universal constitucional de “igualdad real y efectiva”, incluirá en su presupuesto, para el día del acto de votación electoral, los gastos de alimentación e hidratación, no sólo de los miembros de mesa, de los miembros del Plan República, del coordinador del centro electoral, del operador del Sistema Integrado (máquinas de votación) y de los operadores del Sistema de Autenticación Integrado (captahuellas) y demás personal de apoyo técnico, sino también de los testigos, principales y suplentes, de los candidatos que se presenten a las elecciones. Estos testigos, como recomienda el Informe del 20 de mayo del 2018, del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), deben ser claramente identificables por parte de los votantes como “testigos” del proceso en nombre de la Organización o Grupo que representen.

·        Se favorecerá la equidad en el acceso a los medios públicos y privados, y redes sociales nacionales e internacionales,no sólo en el desarrollo de la campaña electoral, sino desde la firma del “Acuerdo de Garantías Electorales”. 

·        Se solicitará al nuevo Consejo Nacional Electoral un nuevo plazo de apertura del Registro Electoral, en Venezuela y en el exterior, para los efectos de propiciar la mayor participación posible y el cumplimiento de los derechos políticos de todos los ciudadanos (art. 62, 63 y 64 de la CRBV).

·        Gobierno y Oposición propondrán al Secretario General de Naciones Unidas, así como a otras instancias y organizaciones internacionales mutuamente acordadas, se conforme una delegación de acompañamiento y observación electoral, amplia y calificada, de todas las fases de los procesos electorales, del proceso de recolección de manifestaciones de voluntad para un eventual referendo revocatorio presidencial, del propio referendo revocatorio de haberse cumplido constitucionalmente con todas las condiciones para su convocatoria, de la prohibición del uso de los fondos para el financiamiento electoral de acuerdo a lo establecido en artículo 67 de la CRBV y del artículo 257 del Reglamento de la LOPRE y, en general, del cumplimiento de todas las garantías electorales establecidas en el presente Acuerdo.

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