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(+PDF Descargable) Ley de la Megareserva de Agua y Biodiversidad del Orinoco y la Amazonía busca poner fin a la crisis ecológica generada por el régimen

Por Stefany Sánchez
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(+PDF Descargable) Ley de la Megareserva de Agua y Biodiversidad del Orinoco y la Amazonía busca poner fin a la crisis ecológica generada por el régimen
Caracas, 13 de mayo de 2020.-

La aprobación de la Ley Orgánica de la Megareserva de Agua Dulce y Biodiversidad del Sur del Orinoco y la Amazonía Venezolana tiene como objetivo poner fin a la crisis ecológica que ha generado el régimen de Nicolás Maduro.

Este instrumento legislativo fue aprobado el 27 de noviembre de 2018 por la Asamblea Nacional legítima de Venezuela y entre sus propósitos, está desarrollar una política transgeneracional, así como los instrumentos necesarios que garanticen la perpetuidad de la integridad ambiental de nuestro territorio.

Esta Ley además busca poner fin a las actividades extractivistas en áreas especiales y zonas protegidas de los estados Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas donde se encuentra aproximadamente el 80% del agua dulce del país y más de 10 mil especies vegetales de las 14 mil a 15 mil especies existentes en el territorio venezolano.

Una de estas actividades que causan un daño irreparable, es el Arco Minero del Orinoco, proyecto promovido por el régimen madurista en el Decreto 2248, del 24 de febrero de 2016, que interviene las áreas protegidas más numerosas e importantes.

El Arco Minero busca explotar oro y diamante, lo que sin duda crearía un precedente para afectar de facto todos los parques nacionales, monumentos naturales, refugios de fauna, zonas protectoras y otras: a lo largo del país, por lo que consecuentemente tendríamos un territorio, ambientalmente destruido.

Nuevas figuras

Es importante conocer que el documento legal, aclara que la Megareserva ampara todas las áreas protegidas o áreas bajo régimen de administración especial, decretadas por el Estado. A tales efectos se crearon, integraron y modificaron figuras de esta Ley.

Una de ellas, es la “Zona Protectora Costera del Orinoco” adyacente de cincuenta (50) kilómetros de ancho, sobre la margen derecha del río y de largo desde la desembocadura del Rio Cuchivero hasta la desembocadura del Orinoco en el océano Atlántico.

Otra de las figuras incluidas en la Megareserva, es Reserva de Biosfera Imataca, con la misma extensión y linderos actuales de la Reserva Forestal de Imataca.

En el caso de la creación de la Reservas de Biosfera del Caroní e Imataca siguen la pauta de la UNESCO, en el Programa el Hombre y la Biosfera”, y las experiencias venezolanas de las Reservas de la Biosfera Alto Orinoco y el Delta Amacuro de 1991.

Es claramente notorio que a través de esta Ley se busca relanzar políticas públicas ambientales que se traduzcan en planes nacionales, estadales y sectoriales de ordenación del territorio.

Hoy por hoy nuestras reservas están seriamente amenazadas “por abandono, impericia, irresponsabilidad en el incumplimiento de los Derechos-Deberes Ambientales Constitucionales“, asevera el documento legal.

Sin preservación, no hay sustentabilidad

El precepto legal advierte que si Venezuela no preserva el Sur del Orinoco, Guayana y la Amazonía, todo proyecto socioeconómico se torna inviable.

Y aunque el régimen madurista pregone la “justicia social, el crecimiento, el desarrollo, el socialismo, el libre mercado, la redención de los excluidos” lo único que han producido es una crisis ecológica.

Maduro creó “Ministerio de Minería Ecológica”, esta institución tiene la responsabilidad de crear políticas contaminantes y de gravísimos impactos ambientales y socioculturales como la del llamado decreto del “Arco minero”. La minería ecológica no existe en ninguna parte del planeta“, así lo deja claro el precepto legal.

Finalmente, es importante resaltar que la Ley de la Megareserva ofrece inmensas posibilidades de un turismo sustentable generador de empleo de calidad y fuente de ingresos para el país.

A través de dictamen también queda suscrita la prohibición del uso de mercurio y cianuro.

Y además se prohíbe en forma absoluta, la participación de efectivos o funcionarios públicos civiles y militares, sea cual sea el rango en la gestión, operación y cualquier actividad minera lucrativa o de extractivismo minero, públicas o privadas o de asignación o de recepción, manejo directo o indirecto de concesiones, u operaciones bursátiles vinculados con la minería.

Para descargar la Ley pulse AQUÍ

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