Caracas, 31 de marzo de 2018/.- El fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó a través de su cuenta tuiter que fueron detenidos cinco funcionarios de la Policarabobo, por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos el pasado 28 de marzo en la Comandancia General de ese organismo de seguridad, donde tras un supuesto motín murieron 68 personas.

Entre los detenidos figura el Segundo Comandante de la policía, comisario José Luis Rodríguez, quien es señalado como uno de los presuntos responsables de este hecho que enlutó a varias familias venezolanas.

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Sin embargo, no ofrece detalles del sitio en que fueron aprehendidos los cinco funcionarios policiales, quienes en las próximas horas serán presentados ante el tribunal correspondiente, para su imputación.

A este grupo le será imputado delitos establecidos en el Código Penal venezolano, así como los contemplados en otras normas encargadas de establecer las penas de acuerdo a las responsabilidades individuales.

El pasado 29 de marzo, un día después de lo sucedido, el Fiscal General designó a tres fiscales regionales y uno nacional para que investigaran el hecho y establecieran las responsabilidades penales del caso.

Adicionalmente, Saab se comprometió a hacer justicia en este caso, el cual tiene las características de un hecho que viola los derechos humanos.

El gobierno, instituciones y ONG han pedido hacer justicia y establecer responsabilidades por este hecho.

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) sentó posición en torno a los lamentables hechos ocurridos el miércoles santo en la comandancia de PoliCarabobo, que le costaron la vida a 66 hombres y a dos mujeres, tras registrarse un incendio en esta dependencia de Valencia.

En un comunicado exigen al gobierno realizar las investigaciones de rigor y que este hecho sea sancionado, al mismo tiempo que lamentan el silencio oficial y “la sospecha que no quiera encarar la verdad de los hechos”.

“Urge la voluntad decidida, la sinceridad más diáfana y la disponibilidad más eficaz para encarar con verdad y autenticidad las causas y circunstancias de lo ocurrido, para proceder con justicia, responsabilidad y eficacia. Entretanto no es temerario afirmar que lo ocurrido se inscribe en una fatídica crónica anunciada y denunciada, habida cuenta de la cadena de imprevisiones, carencias, distorsiones y complicidades que imperan en el entramado judicial, policial y penitenciario”, se lee en el texto.

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