Artículo exclusivo para PuntodeCorte.com

Sebastiana Barráez

@SebastianaB

El día martes 3 de septiembre varios funcionarios del Gobierno se presentaron al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicada en Los Teques, estado Miranda, para obligar a las mujeres que están allí detenidas a firmar un documento de la campaña “No more Trump”.

Una de las féminas, Yanin Fabiana Pernía Coronel, detenida por el caso de los drones, dice en una carta de su puño y letra, que el documento donde pretendieron hacerla firmar, está dirigido al Director de las Naciones Unidas, “cuyo contenido es el rechazo de la supuesta violación de los derechos humanos al pueblo venezolano basado en el bloqueo económico y la incitación a la guerra, con el fin de cambiar el gobierno elegido, abajo elecciones, por los venezolanos”.

Muchas de las privadas de libertad, es decir presas políticas y comunes, se negaron a estampar su rúbrica en dicho documento. “Tenemos conocimiento de nuestros deberes, pero también de nuestros derechos como privados de libertad, aun sabiendo que somos inocentes, aceptamos nuestra condición y estamos en el proceso legal para tratar de conseguir nuestra libertad, a pesar de la dictadura en la que estamos”.

Considera la joven que “Ninguna de las instituciones gubernamentales son autónomas, pero confiamos de que Dios usará a organismos como las Naciones Unidas, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y demás entes competentes de esta índole para ayudar a Venezuela a terminar con la corrupción que hoy persiste”.

Ella insistió en destacar que “la violación de derechos humanos no abarca solo agresión física, sino el psicoterror, la intimidación bajo amenaza, abuso de poder y una serie de actos contra el ser humano”.

Pernía Coronel dice, como posdata, en la carta que suscribe: “Mis compañeras de niegan a firmar este escrito por miedo a represalias, tanto a ellas como a sus familiares. Yo también tengo temor, ya que fui víctima de torturas de parte de los cuerpos policiales DGCIM y SEBIN. Pero sé que Dios tiene un propósito conmigo y si éste es uno de esos propósitos, lo acepto; que se haga su voluntad en todo momento”. 

La vulgar presión

Por otra parte, hace unos días, el capitán retirado de la Guardia Nacional Juan Carlos Nieto Quintero, en entrevista para PuntoDeCorte, dijo al salir de prisión por el caso del Golpe Azul u Operación Jericó, que a los detenidos en Policía Militar de Fuerte Tiuna los presionaban a firmar, prometiéndoles que los ayudarían a salir si firmaban contra el presidente de los Estados Unidos. “Les dijeron ‘firmen que con esto lo vamos a ayudar para que salgan de prisión, independientemente de la causa”. Así se burlan, les siembran esperanzas y después los dejan olvidados. Esto es un mensaje a los oficiales que se prestan a cumplir las órdenes arbitrarias del Gobierno, quienes luego se quedan solos”, dijo Nieto Quintero.

Lo que a todas luces resulta en un uso inapropiado de la justicia es que los funcionarios negocien la libertad de los detenidos a cambio de firmar contra el mandatario norteamericano. Eso indica el nivel de inmoralidad e ilegalidad en la Administración de Justicia.

Ya no solo es el uso de la tortura para obligar a un detenido a confesar o a delatar lo que es verdad o lo que siendo mentira le conviene a los cuerpos de Seguridad. También el uso de los tribunales y fiscalías, ordinarios o militares, para enjuiciar o amenazar a los adversarios políticos del Gobierno.

Es además, el uso de los presos como grupos de choque para la defensa de la revolución bolivariana, sin tomar en consideración el nivel de peligrosidad de los individuos a quienes entrenan.

Y ahora presionar, chantajear o amenazar a  detenidos para que se vean obligados a firmar contra Trump. Lo mismo que han hecho con empleados públicos, amenazados con perder el paupérrimo cargo que ocupan. O con las amenazas de no reci8bir la caja de CLAP o los bonos de sobrevivencia sino estampan su firma en las planillas para las cuales el Gobierno sí encontró papel, el que no se consigue ni para un documento en algún registro o notaría.

No sabemos después qué se les ocurra.

* Punto de Corte no se hace responsable de las opiniones expresadas en los artículos, quedando entendido que son de entera responsabilidad de sus autores.

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