Caracas, 1 de marzo de 2019.

Por: José Luis Centeno S.*

@jolcesal

Vengo insistiéndole al Presidente Juan Guaidó que es hora de ponerle fin a la saña revolucionaria volcada en los presos políticos, implicando su libertad inmediata y garantías de reparación de daños acentuados con la prolongación de la usurpación, conduciendo en cada caso a un drama familiar, a mutilaciones emocionales irremediables, últimamente sólo por ejercer el derecho a manifestar.

En una Venezuela donde se estudia derecho para cumplir y hacer cumplir las leyes, las causas penales seguidas a los presos políticos dejan ver que los cubanos aprenden derecho para torcerlo, acomodan su ideología macabra a las más variadas circunstancias con el derecho, son especialistas en legitimar todas las barbaridades que hacen, despropósito asimilado por el Poder Judicial venezolano en perjuicio de la disidencia.

En transición han de sentarse las bases para subsanar y erradicar las atrocidades resultantes de tal absurdo, ejecutadas en tribunales de primera instancia y alzadas acogidos al exabrupto “es una orden de arriba”, que conduce al cumplimiento de órdenes inconstitucionales, contra la ley natural. Es nuestra responsabilidad activar el mecanismo jurídico para que estos crímenes no queden impunes.

Los jueces y fiscales que se prestan para estas barbaridades están sujetos a ser investigados individualmente por crímenes de lesa humanidad que no prescriben ni pueden ser objeto de amnistía. Mordazmente, esos jueces y fiscales se justifican diciendo que sus familias también comen, está bien comer, pero ¿a punta de qué?, ¿cuándo se sientan a la mesa le darán gracias a Dios por la comida obtenida destrozando vidas inocentes?

Fíjense una monstruosidad, al colocarle la etiqueta de terrorista a un detenido, de una vez queda entubado a poquísimos tribunales de control en Caracas, pues en toda Venezuela escasos jueces conocen de esos casos, después el tubo sigue en juicio. Para los casos de presos políticos se elimina el sorteo judicial, que es una de las maneras de demostrar transparencia en la administración de justicia, ya no es el juez que le corresponda por distribución sino el comisario político o esbirro impuesto por el narcorégimen.

Otro gran peligro para los presos políticos y cualquier ciudadano, fiscales y jueces sin experiencia y con miedo para decidir, pero corruptos y sin conocimiento para ejercer dichos cargos; ante la plata que cobran, sabiendo para lo que se prestan, ejemplo: Mary Carmen Amarista en Aragua -privada de libertad por extorsión-, Carol Padilla en Caracas, olvidar sus flagrantes violaciones de derechos humanos no se corresponde con el sentido de justicia implícito en la vida democrática.

Hay que poner fin a esas crueldades, a la par, reparar el daño ocasionado, no hacerlo sería ahondar la impunidad e indolencia campante en nuestros días. Cobraron y comieron, ahora que paguen. Nosotros estamos llamados a ser un ejemplo mundial para que estas atrocidades no se vuelvan a repetir, y eso se logrará cuando la justicia prevalezca en todos los casos de los presos políticos, y justicia es establecer responsabilidades y resarcir daños.
Aplicando justicia, es menor el riesgo de que se vuelvan a repetir este tipo de acciones punibles. La tendencia es echarle la culpa al usurpador, cuando los jueces, fiscales, aprehensores y carceleros, ministros y magistrados son tan responsables como él, son los que sostienen este régimen y para ello emplean los mecanismos de acoso, hostigamiento y linchamiento judicial contra la disidencia.

* Defensor de DDHH. Columnista en la web. Coautor del libro SECUESTRO Y ANIQUILACIÓN, editado por Libros El Nacional.

Correo Electrónico: jolcesal@hotmail.com

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