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Provea cuestiona que a los dos imputados por el asesinato del Cap. Arévalo, se les omita la ley contra la tortura

Por Robert Lobo
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militares detenidos Provea

Caracas 02 de julio de 2019. La ONG Provea, cuestionó este lunes que a los dos GNB adscritos a la DGCIM implicados en el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, no se les esté imputando por violar la ley contra la tortura.

Para Provea, tal omisión solo busca “aplicar la menor pena posible a presuntos autores materiales”. La tortura en Venezuela tiene una pena que puede llegar hasta 25 años de prisión (Art. 17 de la ley especial). Por otra parte, en su modalidad más grave, el “Homicidio Preterintencional Concausal” tiene una pena máxima de 9 años de prisión.

Al imputar @MinpublicoVE a los funcionarios del DGCIM por homicidio prerintencional y no aplicar ley contra la tortura se busca aplicar la menor pena posible a presuntos autores materiales del asesinato de Rafael Acosta Arévalo. Evade igualmente imputar a autores intelectuales“, expresó la organización defensora de los DDHH.

Insistimos que la tortura es política de Estado en Venezuela y conducta del Fiscal Constituyente lo reafirma junto al silencio del Defensor impuesto. Debe investigarse cadena de mando. Denuncias de torturas en el DGCIM son reiteradas y crecientes. Igual en Sebin y CICPC“, agregaron.

Privativa de libertad

Este lunes, el Tribunal 36° en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas dictó medida judicial privativa preventiva de libertad contra los ciudadanos; Estiben José Zárate Zoto y Ascanio Antonio Tarascio Mejía, funcionarios de la Guardia Nacional (GN); por su presunta vinculación en el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.

Los implicados estaban adscritos a la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim). También el Ministerio Público imputó a ambos efectivos castrenses el delito de homicidio preterintencional con causal. El Fiscal General de designado por la ANC, Tarek William Saab, aseguró que investigaciones del hecho se determinaron responsabilidad de ambos funcionarios en el homicidio.

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