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Provea: Hace cinco años el “Operativo de Liberación del Pueblo” abrió el camino para la represión total en Venezuela

Por Barbara Cordova
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Provea - Hace cinco años el Operativo de Liberación del Pueblo abrió el camino para la represión total en Venezuela

Caracas, 15 de julio de 2020. La ONG Provea, realizó una publicación con motivo de los cinco años del lanzamiento oficial del “Operativo de Liberación del Pueblo” (OLP), una operación policial-militar anunciada como el plan gubernamental N° 23 para combatir la inseguridad, que rápidamente se convirtió en una carta en blanco para que las fuerzas de seguridad cometieran excesos y atropellos contra habitantes de zonas populares.

Desde el inicio del OLP, Provea registró cientos de denuncias sobre abusos y violaciones de derechos humanos cometidas por los funcionarios policiales y militares actuantes en estos operativos. El numeroso despliegue de funcionarios policiales y militares en las zonas donde se realizó el OLP y el discurso oficial que alentó la política de “mano dura”, propiciaron la ocurrencia de numerosos abusos por parte de los agentes de la fuerza pública contra habitantes de sectores pobres. En abril de 2016, junto a Human Rights Watch, presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el informe Poder sin Límites: Redadas policiales y militares en comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela, en el que se analizaron los señalamientos de abusos durante operativos de seguridad pública llevados a cabo en distintos lugares del país desde julio de 2015, en el marco de la OLP.

Ejecuciones extrajudiciales, allanamientos masivos en conjuntos residenciales y barrios, demolición de cientos de viviendas, desalojos forzosos, detenciones arbitrarias, deportaciones masivas e inconsistencia en cifras y balances ofrecidos por las autoridades se sumaron a la cuestionable actuación de la Fuerza Armada y cuerpos policiales. La denuncia del gobierno sobre la “presencia de paramilitarismo” en las comunidades pobres dio pie a una especie de pogromo contra la población extranjera, especialmente colombiana, y contra quienes habitan zonas populares. Autoridades y el sistema público de medios mantuvieron una amplia campaña xenófoba que generó la criminalización de grupos de la sociedad por su nacionalidad o condición social.

Según las cifras suministradas por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP) en los primeros 5 meses de OLP, más de 70.000 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, Guardia del Pueblo, Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y policías regionales habían participado en operativos realizados en distintas comunidades populares de la geografía nacional.

Por sus efectos, el OLP impactó negativamente en la garantía de los derechos a la vida, la integridad y la libertad personal, además vulneró la realización y garantía de los derechos económicos sociales y culturales.No hay antecedentes en Venezuela de un operativo policial que haya tenido un impacto tan negativo en la garantía del derecho humano a una vivienda adecuada.

Ejecuciones extrajudiciales 

De acuerdo a las cifras presentadas en 2017 por el Ministerio Público en su informe Actuaciones en el marco de las OLP, desde el inicio del “Operativo de Liberación del Pueblo” en julio de 2015 y hasta marzo de 2017, un total de 505 personas fueron asesinadas por agentes de la fuerza pública. De acuerdo a la información revelada por el órgano, la mayoría de las personas asesinadas eran hombres mayores de edad (94,65%) y en menor medida hombres menores de 18 años (5,35%).

En Carabobo se registró la mayor cantidad de asesinatos a manos de la fuerza pública con 136 víctimas (26,9%), le siguió el Área Metropolitana de Caracas con 126 víctimas (25%) y el estado Bolívar con 74 víctimas (14,7%) Por estos hechos, se  357 investigaciones por homicidios. El informe del Ministerio Público reveló que para 2017 la gestión de Luisa Ortega Diaz investigaba a 1.074 funcionarios policiales y militares involucrados en presuntos casos de violaciones a derechos humanos cometidas en estos operativos policiales, y 112 de ellos ya habrían sido imputados ante Tribunales del país. A la fecha, se desconoce el curso actual de dichos procedimientos bajo la gestión del fiscal de facto Tarek William Saab.

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