Entrevista realizada por: Pável Mudarra

Marino Alvarado Betancourt es un activista de los derechos humanos con más de veinte años dedicado a esta lucha, ha ocupado importantes cargos en organizaciones como PROVEA, Amnistía Internacional, el Observatorio Venezolano de Prisiones, a lo largo de una trayectoria que lo convierte en un referente de la búsqueda de justicia y de todo un trabajo dedicado a la protección de quienes son afectados en la violación de sus derechos fundamentales.

Marino nos muestra a través de su conversación franca y contundente el panorama de los derechos humanos en nuestro país, mientras analiza cómo podría actuar en Venezuela el Sistema Internacional de Protección, incluyendo la Corte Penal Internacional de llegar a activarse.

Todo un análisis que adquiere cada día más pertinencia, a la luz incluso de las declaraciones de Zeid Ra’ad Al Husein, el Alto Comisionado para la Defensa de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, quien este 11 de septiembre pediría una investigación mucho más detallada de la represión durante la rebelión popular de abril a julio, por sospecha de la perpetración de crímenes de lesa humanidad..

El Alto Comisionado en Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, publicó un informe sobre Venezuela, donde describe la situación de los derechos humanos durante la rebelión popular vivida entre abril y julio. Es un informe muy crítico, pero los datos se recogieron vía telefónica, no hubo presencia de funcionarios de la ONU en el país ¿Tiene validez ese informe?

Ese es un informe que se elaboró con una metodología forzada, usada por la ONU en aquellas naciones que no acceden a la visita de las comisiones de derechos humanos. Por primera vez la ONU lo aplica en Venezuela para entrevistar a victimas y activistas de derechos humanos sobre las violaciones e incluso a funcionarios del propio estado venezolano por vías indirectas. Se hace por llamadas vía Skype, o telefónicas, también pueden enviar por escrito cuestionarios, de hecho, así se comunicaron en su momento con la Fiscalía y la Defensoría.

¿Por qué la ONU utilizó esta metodología forzada?

El procedimiento tradicional de Naciones Unidas es la visita para comprobar en el terreno cuál es la situación de los derechos humanos en un país. La última visita de una comisión de derechos humanos fue en el año 2002, cuando llegó al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual fue incluso recibida por el ex presidente Chávez. A partir de ese momento, el gobierno venezolano optó por negar la visita de cualquier funcionario del sistema internacional de protección, no solamente de la Comisión Interamericana, no entra tampoco ningún relator de Naciones Unidas. Venezuela tiene bloqueado ese ingreso. Otros países puede ser que cuestionen los resultados del informe, pero dejan entrar a la gente del sistema.

¿Por qué el gobierno de Venezuela tiene ese bloqueo?

Fíjate la diferencia entre los dos últimos gobiernos venezolanos, el de Chávez  y el de Maduro, con los gobiernos brasileños de Lula y Dilma Rousseff, e incluso con el actual. Ese país tiene abierto el mecanismo para que en cualquier momento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o Naciones Unidas deseen ingresar a Brasil, puedan hacerlo con sólo notificarlo. Mientras que el  Gobierno de Venezuela es alérgico al monitoreo del Sistema Internacional de Protección. Eso es absurdo. Algunos activistas de derechos humanos hemos conversado eventualmente con funcionarios de Cancillería y les hemos planteado alternativas que incluso podrían ser favorables para la imagen del gobierno. Por ejemplo, hay un relator de la ONU en materia de derechos de la vivienda, el gobierno con todo este plan de la Misión Vivienda podría invitar a ese relator y mostrarle sus avances lo que sería positivo para su gestión. Sin embargo, ni con esa intención lo hacen, mucho menos van a permitir a un relator acceder a casos sobre tortura o sobre desaparición forzada, ellos quieren evitar que puedan constatar en el terreno como está la situación de derechos humanos en el país. Como dice el dicho “El que no la debe no la teme” ahora si la debes… la temes.

¿Cómo afecta el informe del Alto Comisionado al Gobierno de Venezuela?

El informe que está ubicado en el marco de la rebelión popular de abril a julio, determinó que la motivación de la protesta se encuentra enraizada en la crisis económica y social. Además, asegura el informe en su aspecto más importante, que en Venezuela durante ese período se cometieron de manera sistemática graves violaciones a los derechos humanos contra un sector de la población. Precisamente cuando un organismo de Naciones Unidas dice que hubo graves violaciones a los derechos humanos, que son sistemáticas y que son contra un sector de la población, estamos frente a lo que se conoce como delito de lesa humanidad. Aunque el informe no lo califica así, se acerca mucho a este concepto.

¿Qué puede pasar si se determinan crímenes de lesa humanidad?

Se establece que estamos en presencia de delitos muy graves contra los derechos humanos que pudiesen ser conocidos por la Corte Penal Internacional, un organismo subsidiario de justicia. Lo adecuado es que en cada país se sancionen estos crímenes según sus leyes y su propio Estado de Derecho, pero cuando esa justicia  no funciona -porque puede estar conformado un sistema de justicia que garantice la impunidad- entonces puede actuar la Corte Penal Internacional. Esta corte juzga directamente a las personas, no a los Estados como lo hace la Corte Interamericana. Si se determina que en Venezuela hubo delitos de lesa humanidad y el gobierno no determina responsabilidades individuales, pudiese actuar la Corte Penal Internacional. Es un procedimiento largo, pero una vez abierto no se cierra. Cambie el gobierno o no, los responsables de estos delitos pueden ser enjuiciados.

¿El informe del alto comisionado de la ONU es un primer paso en ese camino de la Corte Penal Internacional?

Un primer paso es el que está dando Almagro en la Organización de Estados Americanos, que contrató a una persona experta, incluso que trabajó en la Corte Penal, para que haga un diagnóstico si en Venezuela estamos en una situación de delitos de lesa humanidad. En ese sentido, si el informe concluye que efectivamente en nuestro país estamos ante este tipo de delito, el secretario general de la OEA puede activar la Corte Penal Internacional. Mientras que el informe del alto comisionado de la ONU, sólo expresa una preocupación por la situación de derechos humanos en Venezuela.

Entonces ¿qué consecuencias tiene realmente el informe ONU?

Primero tenemos que decir que este informe es consecuencia directa de la rebelión popular de abril a julio de 2017, una rebelión que fue derrotada en cuanto a los objetivos que planteó. Lo que no quiere decir que no se lograron otras cosas. Se logró una mayor atención de la comunidad internacional sobre la grave situación que vivimos en Venezuela, no solamente en términos de derechos humanos, sino la grave situación económica, social, de institucionalidad. Se logró que muchos países comprendieran que Venezuela se está enfrentando a un gobierno dictatorial, y también se logró que se activará mucho más el Sistema Internacional de Protección.

¿Conoces algunas de esas acciones de protección?

La Comisión Interamericana acaba de anunciar que hará un informe especial sobre nuestro país que será publicado en 2018. El grupo de trabajo de detenciones arbitrarias ha dicho que en Venezuela vivimos de manera sistemática detenciones arbitrarias. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ya activó varios casos, el Grupo de Desaparición Forzada está trabajando en algunos casos, entre ellos, el de Alcedo Mora.

¿Cómo afecta esto al gobierno?

Si el gobierno tuviese la voluntad de enmendar la situación, en primer lugar debería considerar las recomendaciones que emite la ONU junto con el análisis de la situación. Pero como la conducta histórica del gobierno en los últimos 15 años ha sido no prestarle atención al Sistema Internacional de Protección, se desprestigiará aún más. De hecho, países que habían permanecido neutrales como Francia en torno a la situación venezolana, ya se han pronunciado en contra del gobierno, diciendo de manera contundente que tenemos un gobierno dictatorial. Que la Unión Europea en bloque considere que el gobierno ya es una dictadura, y que MERCOSUR haya expulsado a Venezuela porque no cumple con el protocolo de Ushuaia que tiene que ver con derechos humanos, son consecuencia directas, aún cuando el gobierno trata de disminuir el impacto en términos declarativos, pero saben que el impacto político y económico es fuerte.

Siendo todo esto una consecuencia de la rebelión de abril a julio, ¿no es un poco duro definirla como una rebelión derrotada?

Es duro pero es la realidad. Veamos las características de esta rebelión. En primer lugar se dio simultáneamente en las grandes ciudades, en las ciudades medianas y en pequeños pueblos; por primera vez el país vivía una protesta a nivel nacional, que además no era de un día, hubo caseríos donde la rebelión duró varios días. En segundo lugar fue conducida políticamente, la condujo la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), se programaba una marcha de abuelos y se hacía una marcha de abuelos, se organizaba una de mujeres y se hacía una de mujeres, trancazos, plantón, y esa línea se cumplía. En tercer lugar fue una rebelión intergeneracional, participaban las más viejos con sus hijos y nietos. En cuarto lugar tenía objetivos, no fue una rebelión popular espontánea como la de 1989 con el Caracazo. Objetivos que no se concretaron, se pidió la liberación de presos políticos y se terminó con más presos políticos,  se pidió respeto a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional terminó más debilitada, se pidió un canal humanitario y este nunca se abrió. En general no se cumplieron los objetivos, tampoco se dieron las elecciones como se exigían, en resumen al no lograr ninguno de sus objetivos, fue derrotada.

¿ Cuáles fueron las causas de esa derrota?

Yo creo que esa rebelión popular le quedó grande a la MUD, que no tuvo la capacidad de conducirla de manera triunfante. Fue una protesta que adquirió tal dimensión que sobrepasó a la dirección política opositora. Por otra parte, el gobierno reprimió la rebelión de una manera brutal, sin importarle el costo político, no le importó que al final ocurriera todo esto que estamos viendo, que el gobierno fuera caracterizado como una dictadura, que en el mundo se les vea como unos grandes violadores de los derechos humanos.  Otra causa importante fue que la rebelión no tenía una organización de base, sólo al final quienes la condujeron intentaron darle esta característica con la creación de los comités en defensa de la Constitución, un esfuerzo para organizar a la gente cuando la rebelión ya venía en descenso.

¿Esa derrota tendrá sus consecuencias políticas para la MUD?

Sí claro, fíjate que se convocó una jornada masiva que fue el referendo del 16 de julio y la MUD no supo que hacer con ese resultado, la gente les dio un mandato y ellos hicieron lo contrario a lo que la gente decidió, al final fueron inconsecuentes. Pero más allá de eso, la MUD no ha encarado al pueblo venezolano, así como todos los días convocaban a una actividad distinta, no ha sido capaz de realizar una rueda de prensa para presentarle un balance al país de esa protesta.

En esta rebelión se perdieron vidas, además se ha denunciado la existencia de presos políticos, incluso hay denuncias por gente que ha estado desaparecida.

Contabilizadas por las organizaciones de derechos humanos tenemos a 139 personas asesinadas en el marco de las protestas, murieron más, además murieron unas 11 personas electrocutadas. Pero como consecuencia directa del Estado o de particulares fallecieron 139 personas. Hay 601 presos políticos. Además están las desapariciones forzadas, una situación sobre la que ya algunas organizaciones de derechos humanos habían advertido y se describe en el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Aquí se explica que esa desaparición ocurre cuando se detiene a una persona y esta persona es incomunicada y el Estado que la tiene no le da respuesta a nadie de dónde la tiene. No cómo dijo el fiscal William Saab que para que haya una desaparición la persona tiene que estar muerta, al contrario en la desaparición forzada siempre se espera que la persona esté viva y por eso se reclama que aparezca, el lema es “vivo se lo llevaron y vivo lo queremos”, precisamente cuando no se informa ni a los abogados, ni a los familiares se considera la desaparición forzada, no importa el tiempo, si es un día, una semana, unos meses.

Tenemos el caso de Baduel, además conducta muy inhumana, uno se extraña porque uno conoce gente que viene de la lucha social como Aristóbulo o como Elías Jaua, gente que viene de la izquierda, que también fue reprimida y la actitud tan inhumana de tener a una familia 23 días a la expectativa, sin saber nada de Baduel, si fue torturado o no, cuál es su condición física, gente que en el pasado cuestionó esas prácticas de la IV República la repiten ahora en la V, no sólo la repiten, no muestran ningún interés ni voluntad política de rectificar.

Otra denuncia trata el tema de los detenidos que tienen boleta de excarcelación pero no son puesto en libertad como le sucede a Yon Goicoechea ¿qué pasa en esos casos?

Yo creo que el gobierno creó un monstruo y no tiene cómo controlarlo. El Sebin actúa a sus anchas, el Tribunal Supremo de Justicia dijo que había que poner en libertad a Goicochea y no le paran al TSJ, a la Fiscalía cuando estaba Luisa Ortega Díaz tampoco le pararon, el Tribunal de Control que lleva la causa de Goicochea ordena su libertad y tampoco le paran. Ese caso es solo un ejemplo, estamos hablando de 19 personas que están en esa condición. No dejan entrar a los fiscales del Ministerio Público, no pueden entrar funcionarios de la Defensoría al Sebin, no dejan entrar a representantes de las organizaciones de derechos humanos, es decir González López maneja el Sebin como él quiere. Ahí hay una responsabilidad de Aristóbulo Istúriz cuando fue vicepresidente, y del actual vicepresidente de la República, porque ese es un organismo que está adscrito a Vicepresidencia.

¿Qué hacer ante toda esta situación?

El venezolano ante una grave violación de derechos humanos está muy indefenso, hasta hace poco podía contar con la Fiscalía, ahora no cuenta con esa institución. La defensoría en el caso de Baduel guarda total silencio, en el caso de Caguaripano, total silencio. Frente a las personas que tiene orden de libertad y siguen presos, total silencio, terminan siendo cómplices de estas prácticas, entonces hay una gran indefensión. Pero yo creo que más allá de que la rebelión fue derrotada, al pueblo venezolano no le queda otra alternativa que continuar asumiendo la lucha por reivindicar sus derechos como la mejor forma de defenderse frente a toda la situación que vivimos, sin dejar de exigirle a las instituciones que cumplan su papel. En mi caso, yo no reconozco al fiscal impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente, pero como activista de derechos humanos le digo a la gente “Vaya a la fiscalía”, presente su denuncia, exija que cumpla con el mandato de la Constitución ¿Hasta dónde estas instituciones logran ayudar a la gente? Yo creo que eso es muy limitado, pero es un deber de los ciudadanos exigir sus derechos. Además yo creo que debe mantenerse la lucha de calle ejerciendo el derecho de pedir que se cumplan los derechos.