Red Naranja exige al Estado generar políticas de atención eficientes contra la violencia de género

Caracas, 25 de enero de 2020/.- Más de 30 organizaciones que conforman la Red Naranja– Red de observación y acción por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia – junto a organizaciones, activistas y defensoras/es, emitieron un comunicado, a propósito de la cantidad de feminicidios que han ocurrido en las primeras semanas del año en el país.

En tal sentido, piden a los entes de investigación policial y a la jurisdicción de género “que se den investigaciones con debida diligencia, libres de sesgos y estereotipos de género, que atiendan a estándares internacionales de protección de derechos de las mujeres.

Durante una actividad este sábado en la Plaza Altamira de Caracas, miembros de la Red, leyeron el comunicado y expresaron con pancartas su mensaje.

Comunicado íntegro de la Red Naranja:

Durante las primeras semanas del año se registraron al menos 12 casos de presuntos feminicidios, los cuales han sido confirmados por organizaciones feministas y medios de comunicación. Esto ha evidenciado la desatención de una situación grave y alarmante en Venezuela como es la violencia por razones de género en un contexto de alta violencia y con la existencia de una emergencia humanitaria compleja que afecta de forma diferenciada a las mujeres y las niñas, colocándolas en situaciones de mayor vulnerabilidad. Ante estos hechos hacemos las siguientes exigencias:

El asesinato de mujeres por razones de género es el extremo del continuo de violencia que viven las mujeres, por lo que exigimos a las instituciones del Estado el cumplimiento de sus obligaciones de prevención, investigación y sanción correspondientes como garante de los derechos humanos de las mujeres y las niñas;

Como lo señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la medición del feminicidio es fundamental para el diseño, la implementación y el seguimiento de las políticas públicas orientadas a proteger a las víctimas de violencia por razones de género, específicamente para prevenir el feminicidio, reparar a las víctimas colaterales dependientes y sancionar a los perpetradores. Por ello, exigimos como parte del derecho al acceso a la información que las instituciones responsables, Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo, Ministerio de la Mujer, entre otras, lleven y presenten públicamente un registro certero, preciso y diferenciado por los tipos de violencias establecidas en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LODMVLV),  que permita, no solo conocer la realidad de la violencia de género en Venezuela, sino generar políticas de atención eficientes a este flagelo;

Exigimos a los entes de investigación policial y a la jurisdicción de género que se den investigaciones con debida diligencia, libres de sesgos y estereotipos de género, que atiendan a estándares internacionales de protección de derechos de las mujeres y a protocolos especializados, tales como el Modelo de Protocolo Latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio);

Demandamos que se garantice el pleno acceso a la justicia, sin dilaciones indebidas, con respeto al debido proceso y las garantías judiciales, con actuaciones de los órganos de justicia, con la debida diligencia que permita castigar a los responsables y hacer justicia para sus familiares y evitando la impunidad actualmente imperante en la mayoría de los casos;

Hacemos un llamado a las autoridades públicas en todos los ámbitos a realizar un debate y discusión pública de esta alarmante y grave situación con la inclusión de la sociedad civil, y movimiento feminista del país y con la generación de propuestas de atención a la emergencia agravada que se evidencia con la recurrencia de estos crímenes;

Reiteramos que la violencia de género contra la mujer y el feminicidio, constituyen vulneraciones graves de derechos y ofensas a la dignidad humana, que son producto y evidencia a la vez, de relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. En el marco de la Agenda 2030 los Estados se comprometen a hacer todos sus esfuerzos para erradicarla.

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