Inicio Derechos Humanos y Presos Políticos Reportaje PDC | Las ONG son acechadas por los cuerpos policiales en Venezuela

Reportaje PDC | Las ONG son acechadas por los cuerpos policiales en Venezuela

Por María Alejandra Silva
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ONG

Caracas 14 de septiembre de 2020. La tarde del pasado 7 de septiembre funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) irrumpieron en la sede de la ONG, Acción Solidaria, ubicada en Bello Monte, Caracas; luego de una presunta denuncia sobre el manejo irregular de donaciones de medicinas del Programa de Acción Humanitaria, por parte de un miembro de la institución.

Feliciano Reyna, director de Acción Solidaria expresó en una entrevista realizada por Punto de Corte que durante este operativo, miembros del personal presentes en la sede de la organización fueron detenidos; igualmente fueron incautadas medicinas y equipos. Sin embargo, horas después fueron liberados los empleados y devuelto los materiales sustraídos.

En la página oficial de la ONG se lee que su misión es “contribuir a reducir el impacto social de la epidemia del VIH, en Venezuela y otros países de habla hispana, ofreciendo respuestas integrales en las áreas de prevención, atención e incidencia pública, enmarcadas dentro del reconocimiento, respeto, protección y atención a los derechos humanos de las personas con VIH, sus parejas y familias”.

Reyna explicó que “hay una responsabilidad de protección que tienen los Estados con las organizaciones como nosotros, al igual que a los defensores de los Derechos Humanos”, con respecto a las acciones de la administración de Maduro contra Acción Solidaria.

Feliciano Reyna

La ONG que forma parte de la instancia de coordinación nacional de la respuesta humanitaria que se ha llevado adelante con la Organización de Naciones Unidas (ONU), llamado el “Equipo Humanitario de País”, apoya anualmente a más de 12.500 personas y a raíz de la pandemia en promedio atienden entre 900 y 1.100 pacientes mensualmente.

El caso de Acción Solidaria no es un tema aislado, debido a que durante los últimos meses se han denunciado las arbitrariedades de los cuerpos policiales de la administración de Nicolás Maduro contra algunas de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) venezolanas, especialmente las que tienen programas de apoyo en el ámbito de la salud y la alimentación.

El pasado 19 de febrero el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, dijo en su programa televisivo “Con el Mazo Dando” que aplicarán “máximas sanciones” a ONG y particulares que “reciben financiamiento de Estados Unidos para conspirar contra la patria”.

Prepara Familia

La ONG Prepara Familia, denunció el pasado 14 de enero un allanamiento ilegal por parte de los organismos de seguridad de Maduro a su centro de acopio de medicinas.

De acuerdo con información publicada en las redes sociales, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ingresaron a la a la sede de la organización sin orden judicial e intentaron “decomisar” los insumos que son entregados a los niños y adolescentes recluidos en el hospital J. M. de los Ríos.

Katherine Martínez, directora de Prepara Familia detalló que junto a la ONG para la defensa de los Derechos Humanos, PROVEA, acudieron al Ministerio Público para realizar la denuncia y hasta la fecha no han obtenido una respuesta.

Por lo que decidieron acudir el pasado marzo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar una medida cautelar para ella como defensora de DDHH, la cual fue otorgado el 6 de agosto tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.

Momento en que funcionarios de la PNB abandonan la sede de Prepara Familia

Martínez informó que luego del allanamiento arbitrario tuvieron que abandonar la sede del centro de acopio de alimentos ubicada en La Campiña, municipio Libertador de Caracas, debido a las constantes amenazas que sufrían las voluntarias de la ONG cada vez que asistían al lugar, por parte de vecinos y miembros del Consejo Comunal de la zona.

“Nuestro equipo nos decía que ya no podían continuar asistiendo, a ellos les daba miedo ir, la dueña de la casa recibió amenazas en varias oportunidades por permitirnos estar ahí, por lo que decidimos lamentablemente cerrar el centro”, comentó la presidente de Prepara Familia.

Actualmente la ONG no cuenta con un lugar para reabrir el centro de acopio donde se deberían empacar las bolsas de alimentos que eran entregadas a los familiares de los pacientes que se encuentran en hospitales, por lo que la labor se encuentra suspendida, al menos que las donaciones lleguen directamente a los centros de salud.

Fundación MAVID

El 15 de febrero del 2019, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) allanaron la sede de la Fundación Manos Amigas por la Vida (MAVID) ubicada en Naguanagua, estado Carabobo. Los efectivos alegaron haber recibido denuncias por entrega de medicamentos vencidos.

Eduardo Franco, presidente de MAVID y secretario general de la red venezolana de gente positiva RVG+, señaló que el procedimiento policial se llevó a cabo sin orden judicial. Para el momento del allanamiento no se encontraba personal de la Fundación en las instalaciones, por lo que policías científicos violentaron las cerraduras e ingresaron al lugar, reseñó El Pitazo.

En aquel momento tres de los miembros directivos de la ONG, Jonathan Mendoza, Manuel Armas y Wilmer Álvarez, fueron detenidos por los agentes de seguridad y trasladados a la subdelegación del CICPC Plaza de Toros para realizar un interrogatorio.

Franco aseguró que “desde el allanamiento a MAVID hemos continuado con la nuestra labor mucho más fortalecida y con el trabajo impecable a pesar de la persecución y el seguimiento del Estado”.

Funcionarios del CICPC en la sede de la fundación MAVID

“El Estado no da repuesta, el defensor del pueblo ni una palabra ante todo el panorama de desabastecimiento en el país para las personas con VIH en Venezuela, la administración de Maduro sigue sin comprar un solo medicamento para los pacientes con VIH, la última compra la realizó en el 2016 la RVG+. En conjunto con las ONG tanto como nacionales e internacionales somos lo que hemos y estamos dando respuesta al VIH en el país”, puntualizó el director de MAVID.

Otro Enfoque

Otro Enfoque, es una ONG promotora de la cultura de paz y no violencia, defiende derechos humanos y forma de manera alternativa a más de 2500 niños, niñas y adolescentes en condiciones vulnerables al igual que personas en situación de calle, denunció el pasado 22 de mayo, que funcionarios de la Policía de Caracas (Policaracas) les robaron cuatro bolsas de comida, en una alcabala en la Avenida Francisco Solano, a la altura de Chacaíto, en la ciudad de capital.

Según la denuncia hecha por la ONG, los productos alimenticios era una donación para las familias de la comunidad de la Cota 905 y les quitaron lo equivalente para alimentar cinco familias.

En el comunicado publicado por Otro Enfoque se lee que para poder liberar el camión que transportaba los alimentos “se tuvo que entregar cuatro productos de cada bulto de comida por ser cuatro oficiales. Al pasar por esta situación, se logró tomar una fotografía para mantenerla como evidencia de lo sucedido, en el instante que los funcionarios tomaban los alimentos del camión. La policía con la que se conversó expresaba que esto solo lo hacía porque su supervisor los obligaba a tomar estas medidas de soborno”.

Continúa el temor

Feliciano Reyna insistió en que siempre va a existir la alerta de que pueda haber alguna acción que sea arbitraria contra la Acción Solidaria nuevamente, expresando “si nos preocupa de que pueda haber un interés de dañar la reputación de la organización, que pudiera existir alguna tergiversación de nuestro trabajo que genere algún daño a nuestro programa que es transparente y público”.

Por otra parte, el presidente de Fundación MAVID aseguró que “seguimos siendo perseguidos y amedrentados por parte de organismo del Estado con procedimientos ilegales sin órdenes de allanamiento y privación de libertades de algunos de los trabajadores de las diferentes organizaciones afectadas. Sin embargo, todas continuamos trabajando y dando todo el apoyo posible para salvar la mayor de cantidad de vidas posible en Venezuela”.

Informe de la ONU

El 15 de septiembre la Misión de Verificación de la ONU presentó un informe donde vinculó al gobierno de Nicolás Maduro con “crímenes de lesa humanidad”.

Las fuerzas de seguridad venezolanas y los grupos aliados han cometido violaciones sistemáticas de los derechos humanos, incluidos asesinatos y torturas que constituyen crímenes de lesa humanidad (…) Existían motivos razonables para creer que el presidente Nicolás Maduro y sus ministros de Interior y Defensa (Vladmir Padrino López y Néstor Reverol) ordenaron o contribuyeron a los crímenes documentados en el informe con el fin de silenciar a la oposición“, señalan los investigadores de la ONU.

La misión de investigación de la ONU dijo que otras jurisdicciones nacionales y la Corte Penal Internacional (CPI), que abrió un examen preliminar sobre Venezuela en 2018, deberían considerar los enjuiciamientos. Compartiría su base de datos que contiene los nombres de los agentes identificados por las víctimas.

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