Caracas, 25 de abril de 2019/.- Al estilo de los «camisas pardas» de la SS nazi contra negocios y oficinas de profesionales judíos en la Alemania de 1933, 12 viviendas amanecieron marcadas con «+ ELN» y un panfleto del Ejército de Liberación Nacional. No hacía falta mayor explicación. Es una amenaza de muerte contra 11 dirigentes opositores y un sacerdote del municipio Junín, del estado Táchira, con la advertencia de que ellos y sus familias están sentenciados si acuden al llamado que hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, de salir a marchar el 1 de mayo.
Desde 2014, cuando las protestas opositoras en Venezuela incluyeron trancas de vías, quema de cauchos, fuertes enfrentamientos con la Guardia Nacional e incluso muertos y heridos, la región del país que mayor éxito tuvo con esas manifestaciones fue la población fronteriza del Táchira, cuya capital está a unos 800 kilómetros de Caracas. Desde entonces, los habitantes de esa región andina, a quienes llaman «Gochos«, se convirtieron en la referencia más fuerte de la resistencia.
De Rubio, la capital del municipio, es la actual gobernadora del estado, Laidy Gómez. Una de las diputadas de la Asamblea Constituyente, María Gabriela Vega, también lo es. También es la tierra del fallecido y dos veces presidente de la República, Carlos Andrés Pérez. Ahí nació Leonardo Ruiz Pineda, uno de los líderes más destacados contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.
El diputado de la Asamblea Nacional, Franklin Duarte, es uno de los parlamentarios más frontales contra el Gobierno y está en la lista de los amenazados. Es de Rubio.
Las marcas del ELN llegaron a la iglesia «Santa Lucía» en el sector Santa Bárbara de Rubio, contra el sacerdote Richard García. El 23 de febrero, logró llegar a la Aduana en San Antonio del Táchira, tratando de acercarse al puente Internacional Simón Bolívar, con la sotana llena de perdigones luego que en la alcabala Las Dantas, en la vía Rubio-San Antonio, el grupo que acompañaba fuera interceptado por una comisión de militares al mando del capitán Palacios Crespo, quienes inútilmente intentaron cerrarles el paso.
Los otros amenazados son Mariela Betancourt, una profesora y activista en defensa de los derechos de los ciudadanos, del Frente Amplio y del partido Acción Democrática; Jacson Carrillo, quien fue candidato de la oposición en las pasadas elecciones municipales, dirigente de Copei y es profesor; Osmey Correa es el prefecto del municipio y profesor universitario; Francisco Gamboa, quien ha sido dirigente de la oposición, ex director de la alcaldía, ingeniero, profesor de la Universidad Experimental del Táchira y coordinador municipal de Primero Justicia; Ana Velazco, reconocida líder de Voluntad Popular y profesora; Grey Hernández, un destacado activista político y profesor universitario; Valentín Durán, docente y dirigente de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel) y directivo del Frente Amplio; Danny Carrillo, quien se destacó desde que asumió la concejalía, Josué Córdoba, un dirigente de Copei, bastante persistente en las protestas. Y a quien identifican en el panfleto como «Izaac resistencia» es un dirigente de la juventud.
Responde la Iglesia
El Obispo del Táchira, monseñor Mario Moronta, respondió a las amenazas contra el sacerdote de su comunidad pastoral y los panfletos. «Con estupor y gran preocupación hemos recibido la noticia de unos volantes amenazadores contra algunos ciudadanos, entre los cuales se encuentra un sacerdote, el párroco de Santa Lucía en Rubio. En dichos volantes, presuntamente firmados por el ELN, se amenaza de muerte a los en él nombrados y son declarados objetivo militares. Todo por el hecho de disentir de las políticas del Ejecutivo Nacional y sus seguidores».
Destaca que algunas otras personas, vinculadas a una ideología política, podrían estar detrás del hecho. Califica como «sumamente grave, pintar con una cruz y las iniciales ELN, casas donde viven esos ciudadanos y hasta el templo de Santa Lucía«.
Hace referencia a lo que se creían etapas superadas del nazismo de Hitler. «Eso mismo sucedió también en San Antonio del Táchira«.
Considera que ello habla de «la indefensión a la que estamos sometidos todos los ciudadanos de Venezuela y particularmente del Táchira«. Se pregunta dónde están las autoridades militares, cuyo principal objetivo es la paz, la defensa de los ciudadanos y la soberanía territorial del país.
Hace un llamado a estar atentos y a no permitir que «nos secuestren la ya tan golpeada paz ciudadana«. Advierte que la Iglesia no se dejará intimidar «ni se dejará llevar por el miedo ante amenazas de ningún tipo. Al contrario, seguirá al lado de todo el pueblo, especialmente de los que más sufren».
Hizo responsable de lo que ocurra a los amenazados en el panfleto, a quienes tienen el irrenunciable deber de defender la soberanía, la vida de los ciudadanos y la convivencia pacífica de todos los tachirenses y venezolanos.
Dijo que esperaba que el Ministro de la Defensa, así como las autoridades militares de la región, le hablen al pueblo para decirle que no permitirán que ningún grupo irregular, de ninguna clase, va a romper la paz ciudadana, la seguridad de todos y la vida de cada uno de nuestros hermanos.
Y para finalizar fue enfático al sentenciar que «cualquier acción contra un miembro de la Iglesia, sacerdote o laico, será entendido como dado a toda la Iglesia«.
Grupos irregulares
Rubio y todo el municipio Junín tiene tiempo invadido de grupos irregulares. Por una parte, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) lleva años instalado en la zona. Uno de los hechos públicos más evidentes de su presencia en el municipio fue cuando el 10 de marzo 2012 el ELN asesinó a dos oficiales del Ejército venezolano: al 1TTE. Jackson Ruiz Niño y al S/2. Nelson Jhoan Gómez Ortega, resultando herido el S/1. Juan Carlos Pereira Amaya.
A raíz de ese hecho, se hizo evidente que la guerrilla estaba instalada en el sector Baritalia, con hombres uniformados, portando brazaletes del ELN y armados con fusiles.
Por otra parte, han hecho vida activa grupos paramilitares, desde las llamadas Águilas Negras, desaparecidas de la zona, dando paso a dos grupos enfrentados: Los Urabeños y Los Rastrojos. Éstos no solo se han dedicado a cobrar cuotas de extorsión y a dirigir amenazas a productores, sino que han escenificado hechos violentos, como sicariatos y activación de explosivos.
La situación se ha complicado con la creación de los mal llamados colectivos, que en realidad son allí un grupo de choque en su mayoría integrado por jóvenes delincuentes del sector La Quiracha, a cargo del actual alcalde del municipio Ángel Márquez, quien no escatima en movilizarse por el pueblo escoltado con hombres fuertemente armados.
Artículo original tomado de Infobae
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