Caracas, 28 de enero de 2020.
Por Asunción Suniaga
La seguridad y salud laboral conlleva a la identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos, así como la mejora de las condiciones de trabajo y al bienestar físico, social y mental de los trabajadores.
En Venezuela desde el 2005, a propósito de la reforma de la Ley Orgánica de Prevención y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat) y su reglamento, se exigió que muchas organizaciones incluyeran medidas preventivas en dicha materia dentro de sus instalaciones. De allí, la importancia de contar con iniciativas, métodos, procedimientos, políticas, programas y actuaciones que garanticen el control efectivo de las condiciones de riesgo, un medio ambiente de trabajo adecuado, confortable y seguro que eviten la aparición de accidentes y enfermedades ocupacionales.
Sin embargo, pese a un marco legal tan exigente, los organismos gubernamentales son los primeros que carecen de medidas para la prevención y control de riesgos laborales de su entorno, entre ellas las instituciones educativas en Venezuela, las cuales dejan mucho que desear sobre este tema por falta de políticas públicas, planes de acción y programas destinados para optimizar las condiciones de trabajo.
Asimismo, en el sector educativo existe poco conocimiento, capacitación e interés sobre la importancia de la prevención de peligros y riesgos, exceso de confianza, ausencia de estadísticas de siniestros y accidentes, y una escasa actuación ante el incumplimiento de las condiciones mínimas de trabajo, por parte de quienes tienen la posibilidad de generar cambios en tales espacios.
En este sentido, las garantías contempladas en los artículos 83, 84, 86, 87 y 89 de nuestra Carta Magna han sido soslayadas ante otras prioridades políticas, económicas, sociales y hasta militares, aunado con el incumplimiento de los deberes y derechos que están descritos en los artículos 53, 54, 55, y 56 de la Lopcymat, su reglamento y otras disposiciones normativas en esta materia.
En las instituciones educativas públicas del país, los directivos, profesores, empleados y obreros sufren a diario la escasez de agua para la higiene de los baños, para realizar sus necesidades fisiológicas o para el aseo personal, así como vemos que los docentes o estudiantes tienen que vivir con dolores en la espalda o cervical por no tener el mobiliario adecuado.
Del mismo modo, los educadores sufren de presbicia u otras enfermedades oculares antes del tiempo por la baja o escasa iluminación en las zonas de trabajo; padecer de bursitis, túnel carpiano o molestias en el manguito de los rotadores, todo ello al carecer nuestros centros de “educación” de la adecuada dotación de equipos y herramientas para desarrollar su trabajo, soportar altas temperaturas que generan subidas de tensión causadas por la ventilación inadecuada, y la posibilidad de sufrir alguna cortadura o golpes, debido a las condiciones de obsoletos muebles, o por el reducido espacio para desarrollar sus labores. También es común trabajar en lugares con filtraciones, goteras, pasillos sin señalizaciones, sin extintores o con la infraestructura deteriorada a expensas que ante cualquier contingencia, ésta pueda colapsar, entre otras vicisitudes.
En consecuencia, en nuestro país las causas de accidentes y enfermedades ocupacionales no tienen registros formales, aunque si existen informes médicos de tales sucesos que reposan en las diferentes instituciones educativas, que soportan incontables denuncias de las condiciones de trabajo que han sido dadas a conocer por trabajadores de la educación, y han sido plasmadas en los distintos medios informativos que poseemos, y sobre las cuales los actuales responsables gubernamentales no sólo las ignoran, sino que hasta las desprecian, o sea, no les importa ni la condición física de las instituciones educativas, y menos la salud laboral de los educadores.
Ante ello, urge una reforma cognitiva, epistemológica, gnoseológica, axiológica y teleológica que potencie a los trabajadores educativos, como eslabón de vital transcendencia en la educación y que a su vez permita desarrollar iniciativas, métodos, procedimientos, políticas, programas y actuaciones en materia de seguridad y salud laboral que permitan realizar un diagnóstico de la situación actual en todas las instituciones educativas, como también definir una política de prevención, y definir entes, organismos y personas responsables, dentro y fuera de las instituciones educativas que establezcan medidas, estrategias, programas y normas, para la prevención y control de estos aspectos, que vayan acordes con la realidad educativa de cada institución. Por último, hay que planificar y controlar acciones en el corto, mediano y largo plazo que permitan lograr forjar una cultura preventiva en los trabajadores educativos.
correo electrónico: pensareducativovzla@gmail.com
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