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Sentencia del TSJ no frenará agenda de la Asamblea Nacional y mañana habrá sesión

Por Thiany Rodríguez
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No fue sorpresa, aseguran los diputados opositores, que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reiterara el desacato de la Asamblea Nacional (AN), ni mucho menos que se anulara a su nueva junta directiva ni sus actos recientes como la Ley de Amnistía para militares, la aprobación de la «usurpación» del poder en Miraflores y la ayuda humanitaria para Venezuela que atraviesa su peor crisis económica y social.

La sentencia del máximo tribunal además se anuncia a dos días de la movilización convocada por el Parlamento para este 23 de enero y tras los hechos de violencia este lunes, en Caracas, cuando una sublevación de militares atrincherados en la barriada Cotiza, en el Comando de la Guardia Nacional de Waraira Repano que generó enfrentamientos con funcionarios del Estado y sumando a los vecinos de la comunidad en el disturbio.

Después de la decisión del TSJ «no hay nada nuevo», indica el diputado opositor y saliente de UNT, Enrique Márquez. Expone que desde la presidencia de Julio Borges, en 2017, no ha habido una directiva válida para el ente judicial, ni para el Gobierno, «estas son amenazas, tratan el guión de siempre, repetido, en esa sentencia no exponen algo distinto, solo dicen que todos los actos son nulos y ya eso vienen repitiéndolo desde hace años».

Márquez informa que mañana 22 de enero, a horas de la marcha del 23 de enero, la AN sesionará como lo ha venido haciendo en medio del desacato impuesto por el TSJ.

«Eso no nos frena en nuestro trabajo, ni a la junta directiva, el Parlamento, y lo sabe el Gobierno, es el único poder legítimo de Venezuela escogido a través del voto popular».

Reconoce que con este terreno que abona el Gobierno «se eleva la tensión entre los poderes» en una Venezuela deprimida por la frustración económica y social, «nosotros hemos despertado la esperanza, no me extrañaría que el Gobierno buscara un camino de huida hacia adelante, pero deben recordar que tienen encima la presión internacional, que se aíslan», comentó el parlamentario.

Ahora bien, en la valoración jurídica, el experto constitucionalista Freddy Gutiérrez Trejo explica que en el orden del Derecho Procesal las sentencias tienen valor siempre y cuando puedan ser ejecutadas y cuando no lo son, el Derecho las calificas como inejecutable».

En ese sentido, señaló que la dictada hoy por el TSJ «no tiene ejecutabilidad alguna». «No se trata de que la administración de la Asamblea Nacional está en desacato, la sentencia tiene el vicio de la inejecutabilidad, no obtiene ninguna eficacia, y en consecuencia la sociedad y el mismo Parlamento lo que tiene es que ignorarla».

«La junta directiva de la AN es perfectamente legal, constitucional y debe ignorar la existencia de esa decisión que se tomó con la propia asamblea reunida en sesión solemne, ahora nada es extraño que en una sociedad de cómplices que es en lo que se ha conformado el gobierno en Venezuela puedan atentar contra sus directivos, en situaciones de tiranía», subraya el experto.

El también abogado agregó que es bueno precisar que Venezuela vive desde 2016, para citar una fecha, «en un estado de facto, no de Derecho», de modo que «vemos recurrente al gobierno incumpliendo gravemente la Constitución y una entre tantas fallas fue dinamitar el referéndum revocatorio (…) que se paró por cinco o seis tribunales regionales».

«Es la cuestión grave de que al Parlamento lo despojaron de tres diputados sin proceso garantizado como lo establece la Constitución (…) con una sentencia firme del TSJ que se ha vuelto una normalidad hoy, Venezuela no tiene hoy una administración de justicia en los términos que manda la Constitución ni tampoco está en condiciones ese llamado tribunal en el exilio, estamos en tiempos menguados», concluyó Gutiérrez Trejo.

De acuerdo a la nueva sentencia del TSJ contra la AN, queda declarada la inconstitucionalidad por omisión del Poder Legislativo Nacional al no haber dictado las medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución referidas al acatamiento de las decisiones dictadas por el Máximo Tribunal, se lee en el documento.

 En consecuencia, el acto parlamentario celebrado el 5 de enero de 2017, así como el acto celebrado el 5 de enero de 2019, por la Asamblea Nacional con ocasión del nombramiento de la nueva Junta Directiva y todos los actos parlamentarios subsecuentes que se generen por contrariar las órdenes de acatamiento a las decisiones del TSJ.

Para la internacionalista, Giovanna De Michele «hay que estar muy desconectado de la realidad para creer que con una sentencia del TSJ en Caracas anulando la directiva de la AN se logrará mermar el apoyo internacional que ha recibido esa institución y su directiva. El efecto será diametralmente opuesto», advirtió.

En dos semanas la Asamblea Nacional se ha recuperado como foro político, con un nuevo liderazgo ha salido a dar la cara tras los errores cometidos en el pasado. han prometido lucha y prudencia en cada paso, pero sin soltar la máxima exigencia: elecciones presidenciales, rescate de la Constitución y ayuda humanitaria hasta que Venezuela vuelva a la senda del crecimiento.

Equipo Punto de Corte

Fotografía: Archivo

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