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¿Es posible recuperar la confianza en el Sistema Electoral Venezolano?

Por Nurelyin Contreras
Sistema Electoral Venezolano

Caracas, 16 de julio de 2019. Un reciente estudio de la empresa Delphos indica que la principal fuente de desconfianza en el sistema electoral es el actual CNE. La autoridad electoral ha mostrado, de manera creciente, un comportamiento sesgado y no imparcial. Son muchos los ejemplos que podrían recordarse para respaldar esta afirmación; con el CNE, como con todo árbitro, además de honesto, debe parecerlo. Y es innegable que a muchos, desgraciadamente demasiados, les parece que el actual CNE no es imparcial. Mejorar la imparcialidad del Poder Electoral, reestructurándolo desde sus más altas autoridades, resulta entonces crucial para lograr unas buenas elecciones.

Pero no es el CNE lo único que en Venezuela actúa como árbitro electoral. De manera también creciente, otras instituciones del Estado se inmiscuyen en decisiones electorales sin que sean de su competencia, usurpando funciones que constitucionalmente están restringidas al Poder Electoral, violentando su independencia y autonomía (art. 294 de la Constitución).

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), además de la cuestionada legitimidad de su origen, desde su instalación ha inducido al CNE a convocar elecciones, siempre de manera apresurada, usurpando funciones reservadas al CNE (art. 293 de la Constitución). Para citar un par de ejemplos, la primera quincena de agosto convocó elecciones de gobernadores, que luego el CNE formalizó para el 15 de octubre. Cosa similar ocurrió con la elección presidencial de 2018. En acto conmemorativo del 23 de enero, la ANC decretó que la elección presidencial debía hacerse en el primer cuatrimestre. Nuevamente, el CNE formalizó esa decisión fijándola inicialmente para el 22 de abril, posponiéndolas luego para el 20 de mayo. Elecciones hechas a la carrera dificultan la adecuada realización de las tareas técnico organizativas necesarias pero, sobre todo, violentan los tiempos políticos indispensables para una participación equitativa.

La intromisión de la ANC no se ha limitado a usurpar funciones del CNE. Luego de la elección de alcaldes en diciembre de 2017, gracias a un comentario de Maduro sugiriendo que los partidos que no hubiesen postulado candidatos para esas elecciones deberían ser inhabilitados, la ANC convirtió esa sugerencia en ley, que tuvo además efecto retroactivo. Sin estar vigente para el momento de la elección, los partidos Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP) fueron inhabilitados estando por ello impedidos de postular candidato para la elección presidencial del 20 de mayo siguiente. Coartar las acciones de la ANC, por lo menos en temas electorales, debería también formar parte de los acuerdos anhelados.

También han incursionado en el terreno electoral otras instituciones del Estado abonando la desconfianza en el sufragio como herramienta para dirimir controversias. El TSJ y el Sistema de Justicia han dictado sentencias que afectan las elecciones y sus resultados. El estado Amazonas y la circunscripción indígena sur, por ejemplo, por decisión de la Sala Electoral del TSJ, no tienen representación ante la Asamblea Nacional.

Otros ejemplos son las varias sentencias, prácticamente simultáneas, emitidas por tribunales de primera instancia sin competencia electoral. Estas dieron pie para que en octubre de 2016 el CNE suspendiera el referendo revocatorio presidencial. También el Poder Ciudadano, principalmente por vía de la Contraloría General de la República, mediante decisiones administrativas ha inhabilitado potenciales candidatos cercenándoles sus derechos políticos.

Convocatoria con tiempo

Se ha convertido en un patrón regular en Venezuela que las elecciones sean convocadas con extremada premura. Con la aprobación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales en 2009, se le dio al CNE discrecionalidad plena para fijar la fecha de cualquier elección. La anterior ley, la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, establecía en su artículo 152 que el CNE debía fijar la fecha de una elección con al menos 6 meses de anticipación mediante convocatoria pública. Esos tiempos no son caprichosos. Organizar un proceso electoral es complejo. Como puede verse en cronogramas publicados por el CNE, normalmente contemplan más de cien actividades, que para cumplirse cabalmente requieren tiempo.

Muchas de las irregularidades registradas por el OEV en elecciones recientes tienen en la falta de tiempo una de sus principales causas. Además, para una buena elección los tiempos políticos son indispensables. Los actores requieren tiempo para armar alianzas, escoger candidatos con procedimientos democráticos, difundir sus propuestas, capacitar testigos. Igualmente, los electores necesitan tiempo para procesar las propuestas presentadas y poder votar responsablemente. Toda convocatoria debe además estar acompañada de la publicación del cronograma correspondiente, detallando las actividades a realizar hasta llegar a la jornada electoral misma.

Observación nacional e internacional

Dada la desconfianza que hoy existe sobre el sistema electoral, garantizar la participación amplia y sin restricciones de grupos nacionales e internacionales de observación electoral puede contribuir a ganar mayores grados de confianza. Lejos de ser redundantes, ambos tipos de observación -la nacional y la internacional- se complementan. La observación electoral se ha ido convirtiendo en un ingrediente de relevancia creciente para que los electores y la comunidad internacional, puedan confiar o, por el contrario, rechazar los resultados de una elección a partir de fuentes autónomas.

Campaña equitativa

Un proceso electoral confiable debe garantizar la posibilidad de una campaña lo más equitativa posible. A la luz de nuestras experiencias recientes, esto significa varias cosas conducentes a minimizar el abuso oficial. No es un fenómeno que ocurra únicamente en Venezuela, pero aquí hemos sido testigos del uso indiscriminado de recursos públicos en favor de unos candidatos, los medios públicos de comunicación fuertemente sesgados, la participación directa de funcionarios públicos -incluido el Presidente- promoviendo opciones electorales mientras cumplen actividades correspondientes a sus cargos. Campañas más equitativas deben garantizar mayores equilibrios en el acceso a medios públicos y privados de comunicación.

De acuerdo al Revistasic también “es necesario contar con Sistema trasparente de votación, Auditorías ciudadanas sin restricciones, Revisión y actualización del RE dentro y fuera del país, Miembros de juntas y de mesas sorteados, notificados y capacitados, Testigos de los actores participantes en todas las fases, Libertad para el ejercicio del sufragio, Plan República imparcial, Restablecimiento del uso de la tinta indeleble”.

Lea la nota completa en Revistasic.

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1 comentario

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