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Abogados piden ante el CNE anular la candidatura de Nicolás Maduro

Por Astolfo Villarroel
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Maduro-nulidad candidatura

Caracas, 4 de abril de 2018.-/ Cecilia Sosa Gómez y Román José Duque Corredor, abogados miembros del Bloque Constitucional de Venezuela, solicitaron ante el Consejo Nacional Electoral que se reconozca la nulidad absoluta de la candidatura de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales previstas para el 20 de mayo.

Los juristas señalaron que la candidatura de Maduro está afectada por vicios de “inconstitucionalidad y sancionables con nulidad absoluta”.

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CIUDADANOS
MIEMBROS DE LA JUNTA NACIONAL ELECTORAL
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
SU DESPACHO.-

Asunto: Constitucionalmente Nicolás Maduro Moros
es inelegible para el cargo de Presidente de la República de Venezuela

Nosotros, CECILIA SOSA GÓMEZ y ROMÁN JOSÉ DUQUE CORREDOR, venezolanos, mayores de edad, casados, con cédulas de identidad Nros. 2.935.735 y 2.455.372, respectivamente; abogados en ejercicio e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 3751 y 466, también respectivamente; actuando en nuestro propio nombre; en ejercicio de nuestros derechos constitucionales, y miembros del Bloque Constitucional de Venezuela, ocurrimos ante esta instancia electoral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en conexión con lo previsto en los artículos 65 y 66 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, a los fines de solicitar se reconozca la nulidad absoluta del acto de admisión de la postulación de Nicolás Maduro Moros como candidato presidencial, lo cual, hacemos en los siguientes términos:

I
DE LA ADMISIBILIDAD

La presente solicitud no se halla incursa en ninguna causal de inadmisibilidad. En efecto, los recurrentes estamos plenamente legitimados para presentarla; su objeto es que se reconozca la nulidad absoluta del acto de admisión de una postulación ostensiblemente  afectada por vicios de inconstitucionalidad, sancionables con nulidad absoluta; se intenta ante el órgano competente; y, finalmente, es tempestiva, tal como de seguidas, pasamos a exponer:

1.- De la legitimación.-

De conformidad con lo previsto en el artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (en lo sucesivo, LOPA), solicitamos se reconozca la nulidad absoluta del acto de admisión de la postulación (como candidato presidencial) de Nicolás Maduro Moros; que presentaran diversas organizaciones políticas, en fecha 27 de febrero de 2018, toda vez que se trata de un acto susceptible de revisión, a tenor de lo previsto en los artículos 65 y 66 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (en lo sucesivo, LOPRE).

Al efecto, nuestro interés legítimo deriva del carácter que ostentamos de electores que debidamente inscritos en el Registro Electoral Permanente (en los sucesivo, REP); y de nuestro carácter de ciudadanos interesados en la preservación del orden público electoral, el cual se encuentra vulnerado por la admisión de la espuria postulación de Nicolás Maduro Moros al cargo de Presdiente de la República  Bolivariana de Venezuela.

2.- De los vicios que se imputan al acto de postulación.-

El acto de admisión de la postulación de Nicolás Maduro Moros, está afectado por vicios de orden público constitucional que acarrean de manera irremediable su invalidez, es por esta razón un acto nulo de nulidad absoluta e inexistente, que viola lo dispuesto en los artículos 7, 41, 137, 227 y 233, de la Constitución; y el artículo l22 del Reglamento General de la LOPRE.

3.- De la competencia de esta instancia comicial.-

De conformidad con lo previsto en el art. 293.5 de la Constitución, compete al Consejo Nacional Electoral, todo lo relativo a la organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos inherentes a la elección de los cargos de representación popular, postulado que se reitera en el artículo 4 de la  LOPRE.

De manera concreta, compete a la Junta Nacional Electoral conocer de las solicitudes de ejercicio de potestad de autotutela administrativa sobre actos que de ella emanen, según lo previsto los artículos 65 y 66 de la LOPRE, los cuales disponen:

Artículo 65:
“Contra la Resolución de la Junta Nacional Electoral y de los organismos subalternos que admita, rechace, o tenga como no presentada una postulación, los interesados o interesadas podrán interponer recurso contra postulaciones ante el Consejo Nacional Electoral dentro de los cinco días continuos siguiente a la publicación de la decisión en la cartelera del respectivo organismo electoral… .”

Artículo 66:
“El recurso de impugnación de postulaciones sólo podrá ser intentado en los casos relacionados con el cumplimiento o no de los requisitos exigidos para la postulación de los candidatos y las candidatas.”

Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Electoral en su art. 46, establece:

“La Junta Nacional Electoral es un órgano subordinado del Consejo Nacional Electoral. Tiene a su cargo la dirección, supervisión y control de todos los actos relativos al desarrollo de los procesos electorales y de referendos, previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.”

Or su parte, el artículo 83 de la LOPA, consagra el principio de autotutela administrativa, en los siguientes términos:

“La administración podrá en cualquier momento, de oficio o a solicitud de particulares, reconocer la nulidad absoluta de los actos dictados por ella.”

4.- Tempestividad.-

Finalmente, la presente solicitud es formalizada en tiempo hábil, por cuanto, a través de ella se debe producir el reconocimiento de la nulidad absoluta (por manifiesta inconstitucionalidad) del acto de admisión de la postulación del ciudadano Nicolás Maduro Moros, como candidato presidencial, lo cual, puede hacerse “en cualquier momento”, a tenor de lo dispuesto en el artículo 83 de la LOPA.

II
DE LA CONVOCATORIA A ELECCIÓN PRESIDENCIAL Y DE LA POSTULACIÓN DE NICOLÁS MADURO MOROS

Mediante Resolución N° 180207-004, de fecha 07 de febrero de 2018, publicada en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela N° 883, de fecha 08 de febrero de 2018, el Consejo Nacional Electoral (en lo sucesivo, CNE), acordó fijar como fecha para la elección del cargo de Presidenta o Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el día domingo 22 de abril de 2018.

Luego, mediante Resolución N° 180301-033, de fecha 01 de marzo de 2018, el directorio del CNE, acordó reprogramar para el 20 de mayo de 2018, el proceso electoral para la escogencia del Presidente de la República.

En la precitada oportunidad, se aprobó, además, la reprogramación del Cronograma Electoral de las actividades correspondientes a la elección convocada, cuyo texto íntegro forma parte de la referida Resolución. En fecha 27 de febrero de 2.108, diversas organizaciones políticas formalizaron la postulación (como candidato presidencial) de Nicolás Maduro Moros.

III

LA NULIDAD DE DERECHO PÚBLICO AFECTA LA VALIDEZ DE LA POSTULACIÓN DE LA PERSONA NICOLÁS MADURO MOROS

Con independencia de los vicios graves que afectan la constitucionalidad de la convocatoria realizada para esta elección presdiencial, por su origen, por razón de la ilegitimidad del actual Consejo Nacional Electoral, y por la violación de las normas que regulan el período constitucional, así como los principios constitucionales de todo proceso electoral, es lo cierto que toda la actividad desarrollada en el marco de un proceso electoral, tiene por finalidad poner a consideración del electorado a aquellos ciudadanos más idóneos para ocupar los destinos públicos en disputa, a quienes se reconoce el derecho de intervenir (por sí o por medio de los partidos políticos) en las distintas fases del proceso comicial, ejerciendo de esta forma lo que se conoce como: el sufragio pasivo.

Toda candidatura electoral es la concreción de una oferta política (y de un derecho político) sobre la que habrán de pronunciarse los electores. Sin embargo, no debe perderse de vista que las candidaturas son un medio para concretar una de las mayores aspiraciones de los actores políticos: espacios de poder dentro de la estructura del Estado.

En los sistemas republicano y democrático de gobierno, el derecho de sufragio pasivo reviste un particular interés institucional, pues, como derecho (al igual que cualquier otro derecho constitucional), está sujeto a configuración, límites, limitaciones, y restricciones, que se plasman en exigencias normativas orientadas a asegurar la finalidad perseguida por el constituyente a la hora de consagrar las condiciones y requisitos (expresos e implícitos) a quienes aspiran a ocupar cargos públicos de base electiva.

Ahora bien, los límites, limitaciones, y restricciones al derecho al sufragio pasivo, configuran lo que se conoce como, las condiciones de inelegibilidad, conformadas por: impedimentos, inhabilitaciones, incompatibilidades, e inhabilidades e incapacidades.

En este contexto constitucional e institucional debe ser ponderada la decisión (de este órgano) de admitir la postulación de Nicolás Maduro, como candidato presidencial, la cual, se encuentra manifiesta e inequívocamente viciada de inconstitucionalidad, por las razones que pasamos a explicar:

1.- Violación de la condición de inelegibilidad para el cargo de Presidente de la República de Nicolas Maduro Moros por tener doble nacionalidad:

En primer lugar, la postulación de Nicolás Maduro Moros ha debido ser rechazada por esta instancia comicial debido a su manifiesta inconstitucionalidad, por cuanto dicho candidato de conformidad con lo previsto en los artículos 41 y 227 de la Constitución, tiene impedimento constitucional para ejercer la Presidencia de la República de Venezuela, al tener doble nacionalidad; circunstancia ésta que, evidentemente, le impide ser postulado como candidato presidencial.

Ciertamente, desde hace años circula información precisa y fundada, como hechos notorios y comunicacionales según jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, sobre la nacionalidad colombiana de Nicolás Maduro Moros, primero, al hacerse pública una certificación de la partida de nacimiento de su madre, Teresa de Jesús Moros de Maduro, que la acredita como ciudadana colombiana (https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/venezuela-documentos-probarian-maduro-colombiano-215682). Dicho documento evidencia que Nicolás Maduro, es ciudadano colombiano por nacimiento al ser hijo de madre colombiana, a lo que se suma su residencia en Colombia durante su juventud, de acuerdo con informaciones de prensa consistentes que indican que “estudió en su infancia en el colegio San Tarsicio de Carora y que también cursó algunos años en el Antonio Nariño del Callejón…jugaba fútbol en la cancha de tierra de Carora los fines de semana y que llegó a integrar una selección Norte juvenil de baloncesto”.
(http://www.semana.com/nacion/articulo/nicolas-maduro-colombiano/346213-3).

En este contexto, sobre la nacionalidad colombiana de Nicolás Maduro, el artículo 96, literal b, de la Constitución de Colombia de 1991, no deja duda alguna, al disponer:

Artículo 96.- “Modificado por el Acto Legislativo 1 de 2002, artículo 1º Son nacionales colombianos. 1. Por nacimiento: (…) b) Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaren en territorio colombiano o se registraren en una oficina consular de la República”.

Pero más grave aún es la circunstancia de que adicionalmente a ello funcionarios del gobierno venezolano han asegurado públicamente que Maduro ha nacido en cuatro lugares diferentes de Venezuela, incluyendo las parroquias capitalinas de Los Chaguaramos, El Valle y La Candelaria y la localidad de El Palotal, ubicada en el estado fronterizo de Táchira (http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america), lo que, por tanto, incluso arroja dudas fundadas sobre su nacimiento en territorio venezolano. Hace unos días, el ex presidente Andrés Pastrana señaló que un documento aparecido recientemente demuestra “sin margen a la duda” que el gobernante venezolano Nicolás Maduro es en realidad colombiano, lo que lo convierte en un presidente ilegítimo y empaña con ilegalidad todas las acciones emprendidas por él desde que usurpó el poder en el 2013. “Allí está la cédula de bautismo de su mamá, por lo tanto Nicolás Maduro es colombiano”, explicó Pastrana refiriéndose al documento divulgado recientemente que reitera el origen colombiano de la madre del gobernante, Teresa de Jesús Moros.
(http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela).

De lo anterior deriva que al ser Nicolás Maduro hijo de madre colombiana, y haberse residenciado, en su juventud, en Colombia, adquirió la nacionalidad colombiana por nacimiento (en virtud del principio ius sanguinis o derecho de sangre); sobre el particular, importa precisar que, al amparo de la Constitución de Colombia de 1.991 (vigente), los nacionales colombianos que detenten otra nacionalidad, NO pierden la nacionalidad colombiana, de acuerdo al artículo 96, el cual establece:

Artículo 96.- “Modificado Acto Legislativo Nº 1 de 2002, artículo 1º. Son nacionales colombianos:

1. Por nacimiento:
a) Los naturales de Colombia, que con una de dos condiciones: que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la República en el momento del nacimiento y;
b) Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y fuego se domiciliaren en territorio colombiano o registraren en una oficina consular de la República.
Por adopción:
a) Los extranjeros que soliciten y obtengan carta de naturalizaci6n, de acuerdo con la ley, la cual establecerá los casos en los cuales se pierde la nacionalidad colombiana por adopción;
b) Los Latinoamericanos y del Caribe por nacimiento domiciliados en Colombia, que con autorización del Gobierno y de acuerdo con la ley y el principio de reciprocidad, pidan ser inscritos como colombianos ante la municipalidad donde se establecieren, y;
c) Los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos, con aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos.
Ningún colombiano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Los nacionales por adopci6n no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen o adopción.
Quienes hayan renunciado a la nacionalidad colombiana podrán recobrarla con arreglo a la ley”. (resaltado añadido).

Ahora bien, nuestra Constitución consagra escasos requisitos para ser Presidente de la República de Venezuela. Entre éstos, en relación a la nacionalidad, establece un requisito: ser venezolano por nacimiento; y un impedimento: no poseer otra nacionalidad. En esta perspectiva, resulta innegable que la condición de colombiano del ciudadano Nicolás Maduro, lo hace incurrir en el impedimento constitucional al que se contraen los artículos 41 y 227 de la Constitución, los cuales disponen:

Artículo 41.- “Sólo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer los cargos de Presidente o Presidenta de la República, Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Presidente o Presidenta y Vicepresidentes o Vicepresidentas de la Asamblea Nacional, magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, Presidente o Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Procurador o Procuradora General de la República, Contralor o Contralora General de la República, Fiscal General de la República, Defensor o Defensora del Pueblo, Ministros o Ministras de los despachos relacionados con la seguridad de la Nación, finanzas, energía y minas, educación; Gobernadores o Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas de los Estados y Municipios fronterizos y de aquellos contemplados en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional”. (resaltado añadido).

Artículo 227.- “Para ser elegido Presidente de la República o elegida Presidenta de la República se requiere ser venezolano o venezolana por nacimiento, no poseer otra nacionalidad, ser mayor de treinta años, de estado seglar y no estar sometido o sometida a condena mediante sentencia definitivamente firme y cumplir con los demás requisitos establecidos en esta Constitución”. (resaltado añadido).

Resulta necesario precisar la sentencia Nro. 1144/2016, de la Sala Constitucional, en la cual se estableció que “únicamente se deberá poseer una nacionalidad, en este caso venezolana, pues quien pretenda ejercer el cargo de Presidente y en el caso de ejercerlo, mientras dure su período, no podrá optar a cualquier otra nacionalidad. Por ello, quien aspire al cargo de Presidente de la República, tal y como lo establece el artículo 227 constitucional debe ser venezolano o venezolana por nacimiento, y no poseer otra nacionalidad al momento de optar al ejercicio del cargo; y si fuese el caso, que ya la hubiese adquirido, por el cumplimiento de los trámites exigidos por el ordenamiento jurídico del país que se trate, deberá renunciar a dicha nacionalidad…”

Por las razones antes expuestas, resulta evidente que Nicolás Maduro Moros es hijo de ciudadana colombiana, razón por la cual, adquirió dicha nacionalidad, la cual no pierde por ostentar la nacionalidad venezolana, a tenor de lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución de Colombia de 1.991, por tanto, se halla incurso en el impedimento constitucional a que se contraen los artículos 41 y 227 de la Constitución, para ser Presidente de la República, y por extensión, en condición de inelegibilidad (por impedimento constitucional) para ser postulado como candidato presidencial, lo cual, hace irremediablemente nulo al acto de admisión de su postulación. Así pedimos que se reconozca.

2.- Inconstitucionalidad: Violación de la condición de inelegibilidad del candidato Nicolás Maduro por incompatibilidad constitucional de su programa de gobierno:

En segundo lugar, debemos señalar que la postulación del ciudadano Nicolás Maduro Moros ha debido ser rechazada por esta instancia comicial, toda vez que conjuntamente con dicha postulación se presentó ante este órgano comicial (el pasado 27 de febrero), un plan de gobierno, denominado “Plan de la Patria 2.025”, manifiestamente incompatible con el proyecto político definido en la Constitución (Estado Democrático y social de Derecho y de Justicia).

Ciertamente, dicho programa de gobierno ha sido diseñado sobre la base de las siguientes premisas:

“La única solución posible al conflicto generado por la oligarquía contra nuestro pueblo es la profundización de la construcción del socialismo;
La democracia es un concepto integral que solo puede existir en el socialismo. Implica el desarrollo de las dimensiones sociales, espaciales, políticas, económicas y culturales de la sociedad;
Optamos, como esencia revolucionaria, por la protección del Pueblo. En ello la expansión del sistema de protección, profundización popular organizativa de los métodos de gestión y base económica y material del mismo;
Asumimos la descolonización como proceso transversal de toda la sociedad, en cada una de las dimensiones de esta. Esto es en los principios y valores, ejercicio de la democracia participativa y protagónica, Estado popular y comunal, soberanía del sistema productivo, sustitución de importaciones, nueva arquitectura del territorio.
No somos el ejercicio de una gestión de gobierno. Somos un proceso revolucionario. En ello la transformación del Estado, la lucha contra el burocratismo, corrupción, no es simplemente un problema de “gestión”. Es la reconfiguración popular del Estado, haciendo del gobierno de calle, en sus distintas escalas sistémicas, un proceso constituyente para edificar el nuevo Estado, popular, comunal, soberano.
El socialismo demanda de un sistema económico productivo eficiente, más amplio, robusto para atender las crecientes y democratizadas demandas sociales. Es una tarea central la construcción de una nueva lógica del capital, del sistema productivo, distributivo, logístico y de actores del mismo. Construir las bases materiales y financieras del socialismo.
La agresión imperial demanda de la ruptura de amarras y edificación de relaciones tecnológicas, financieras, comerciales soberanas para la República.” (resaltado añadido) (http://www.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2018/01/Documento-base-para-la-jornada-de-construcci%C3%B3n-del-Plan-de-la-Patria.pdf).

Al efecto, importa precisar que tanto las premisas de este programa de gobierno 2019-2025, como todo su desarrollo, responde irrestrictamente a las bases ideológicas, principistas y programáticas de la denominada “revolución”, que encarna el PSUV, contenidas en los documentos fundamentales del I Congreso PSUV, Libro Rojo PSUV (http://www.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2014/04/Libro-Rojo.pdf). Estos instrumentos  defines con precisión los lineamientos estratégicos de lo que debían ser las décadas de plata (2010-2020) y de oro (2020-2030) de la “revolución” socialista, mediante las cuales, se pretende consolidar un Estado totalitario.

Este programa de gobierno es manifiestamente inconstitucional al pretender sustituir la República y el proyecto político de la Constitución (Estado Democrático y social de Derecho y de Justicia), consagrado en su artículo 2, por un Estado Comunal Socialista; al desconocer la forma de Estado y la organización  político administrativa, consagrada en los artículos 4 y 16 de la Constitución; al plantear como fin del Estado la construcción del socialismo, en lugar de los fines consagrados en el artículo 3 de la Constitución; al proponer un modelo de participación política distinto al consagrado en el artículo 4 y en los artículos 62 al 74 de la Constitución; al pretender imponer un modelo económico socialista incompatible con la Constitución económica definida en el artículo 299 de la Constitución.

Existe por tanto, además, una incompatibilidad objetiva de ejercer el cargo de presidente cuando los fines o móviles políticos del candidato son contrarios a la obligación de someterse al texto constitucional ante la cual debe jurar cumplir y hacer cumplir. A título de ejemplo, podemos señalar que si una candidatura presidencial aspira a cambiar la forma de Estado, para convertirlo en uno teocrático, nazi, fascista o socialista, la inscripción de tal candidatura debe ser rechazada por su incompatibilidad objetiva con la Constitución.

En consecuencia, al presentar Nicolás Maduro, un programa de gobierno manifiestamente socialista, y de perfil totalitario, inconciliable con el modelo  o proyecto político establecido en la Constitución, resulta evidente que tal postulación es objetivamente incompatible con las condiciones de elegibilidad establecidas en acatamiento de la Constitución, razón por la cual, el acto de admisión de su postulación deviene en irremediablemente nulo. Así pedimos se declare.

IV
PEDIMENTO

En virtud de lo precedentemente expuesto, solicitamos a este órgano comicial se sirva admitir y declarar procedente la presente solicitud de reconocimiento de nulidad absoluta del acto de admisión de la postulación de Nicolás Maduro Moros, como candidato a la Presidencia de la República, por su manifiesta inconstitucionalidad.
A los fines de cualquier notificación señalamos como email los siguientes cecisosagomez@gmail.com y rduque@hpcd.com
En Caracas, a los dos (02) días del mes de abril del año 2018.

CECILIA SOSA GÓMEZ                                               ROMÁN J. DUQUE CORREDOR

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