Caracas, 31 de agosto de 2017.- La forma cómo anunciaron las elecciones regionales, la opacidad del proceso, la exclusión de los cargos de Legisladores de los Consejos legislativos Estadales, la mora en la publicación del nuevo cronograma y de la fecha de la realización de estos comicios, que debieron celebrarse según lo establecido en la Constitución de la República a más tardar en la tercera semana de diciembre del pasado año 2016; son una muestra más de la falta de independencia de los poderes y de la ruptura del Estado de Derecho, así lo considera Súmate.

Tibisay Lucena, anunció el 12 de agosto el adelanto de las Elecciones Regionales para octubre, que ya había convocado para el 10 de diciembre de este año;. Sin embargo  hasta la fecha no ha cumplido con la obligación constitucional y legal de aprobar y publicar el nuevo cronograma para estos comicios.

En el caso de que estos comicios se efectúen en octubre, Súmate advierte que ya hay retrasos evidentes que podrían afectar la transparencia y el éxito de los mismos, como la publicación del Registro Electoral Definitivo, que es la base de electores que tienen derecho a votar en estos comicios; el catastro de los Centros de Votación en todo el país, con la excepción del Distrito Capital; la distribución de los electores por mesas en cada uno de los centros de votación; la notificación, capacitación y acreditación de los electores seleccionados en el sorteo del  31 de marzo de 2016 para conformar las Juntas Municipales Electorales; y la fecha tope para las sustituciones y modificaciones de postulaciones de los candidatos a gobernadores para que se reflejen en la boleta de votación en cada uno de los 23 estados.

Súmate insiste que el directorio del CNE está obligado por la Constitución de la República a fijar cuanto antes la fecha en la cual realizarán los comicios para los cargos de elección popular a Legisladores de los Consejos Legislativos Estadales, que fueron excluidos de las elecciones anunciadas para octubre; ya que su período de 4 años, al igual que el de los gobernadores, finalizó el pasado mes de diciembre de 2016.