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TSJ del régimen ordena medidas cautelares contra miembros de la Junta Directiva de Pequiven designados por la AN

Por Indira Crespo
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Fernández TSJ multa magistrados exilio

Caracas, 12 de abril de 2019/.- La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia – TSJ -, designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), declaró la nulidad absoluta por «inconstitucionalidad» del acto parlamentario aprobado el 19 de marzo de 2019, llamado Acuerdo que presenta la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional para autorizar el nombramiento de Junta Administradora Ad-Hoc que asuma las funciones de la Asamblea de Accionistas y Junta Directiva de la empresa Petroquímica de Venezuela S.A y la Junta Directiva de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A..

Indican que se admitió el recurso de nulidad interpuesto por «los ciudadanos Manuel Quevedo Fernández, en su condición de ministro del Poder Popular de Petróleo y María Eugenia Noroño Torres, en su carácter de presidenta de Petroquímica de Venezuela, S.A (Pequiven), contra el referido acuerdo».

Igualmente, la Sala considera únicamente como válidos los nombramientos realizados el 25 de julio de 2018, «por la vicepresidenta Ejecutiva de la República, ciudadana Delcy Rodríguez por delegación del presidente de República, ciudadano Nicolás Maduro, de los integrantes de Pequiven».

Agrega la decisión que constituye «otro asalto al Estado de Derecho por parte de la AN órgano en desacato, por lo que se declaran de nulidad absoluta las designaciones de los ciudadanos allí mencionados de las Juntas Administradoras Ad-Hoc que pretendan usurpar funciones».

Los miembros designados por la AN son: Jon Bilbao, Enrique Torres, Fernando Asenjo, Iván Ángel Ivanoff Socorro, Rogelio Lozada, Carmen Elisa Hernández, José Alberto De Antonio, José Ignacio González, Yadid Jalaf Reyes, Rafael Primera Naveda, Javier Linares, Tom Delfino, Freddy Goerke, Jorge Yánez, Maira Olivares, Mireya Ripanti y Céimi Dayana Martines Budez,

Declara que los ciudadano antes señalados, «incurren en delitos de usurpación de funciones y otros delitos de acción pública consagrados en el ordenamiento jurídico penal venezolano relativos a la corrupción, delincuencia organizada y terrorismo, entre otros».

En tal sentido, se les decretó las siguientes medidas cautelares: «Prohibición de salida del país, prohibición de enajenar y gravar bienes de su propiedad, bloqueo e inmovilización de cuentas o cualquier otro instrumento financieroLa Sala Constitucional también exhorta a la Sala de Casación Penal para que inicie a la brevedad posible los trámites correspondientes al traslado de los ciudadanos y ciudadanas».

Con información del TSJ

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