Caracas 13 de julio de 2020. A través de una carta pública, el Comité de DDHH del partido Vente Venezuela pidió a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, constatar la situación de todos los presos políticos venezolanos y la tramitación de una solicitud de fe de vida de los detenidos en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
A continuación, el texto íntegro del documento:
Por medio de la presente nos dirigimos a usted en nombre del Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, con motivo de exponer la dramática realidad de los presos políticos, destacando la gravedad de las condiciones en las que se encuentran quienes están detenidos en la sede de La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en Caracas, que como bien reconoce el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, distribuido el 2 de julio de 2020, no reúne los requisitos mínimos para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad, ni cumple las normas y los criterios internacionales en materia de derechos humanos.
Como bien sabe -por las múltiples denuncias y hechos documentados, investigados y probados- los cuerpos represivos y persecutores en Venezuela, encargados de la detención arbitraria de civiles y militares venezolanos, incurren en prácticas de tortura, desaparición forzada de personas y demás vejaciones que se suman a la violación continuada del derecho al debido proceso al que son expuestas las personas detenidas en Venezuela, y en particular, aquellas que han sido privadas de libertad por motivos políticos.
Desde la declaratoria de cuarentena por Covid-19, el pasado 16 de marzo del año en curso, los privados de libertad han visto afectado su derecho a recibir visitas y en algunos casos, se les ha negado incluso la posibilidad de comunicarse con sus abogados y familiares, tal como sucede con quienes se encuentran detenidos en la sede de la DGCIM, en donde, además, se ha impedido que los familiares de los presos políticos puedan suministrarles alimentos y medicinas. Esto constituye una violación a sus derechos a la alimentación y a la salud y agrava su situación, dejándolos aún más expuestos a las consecuencias de su arbitrario confinamiento en condiciones de hacinamiento e insalubridad, haciéndolos más vulnerables ante el riesgo de contagio por Covid-19, que aumenta día tras día en un país sin la capacidad de hacerle frente.
No obstante, el ACNUDH, a pesar de todo lo anteriormente afirmado y pese a conocer y reconocer las denuncias de torturas, fallas en el procedimiento judicial, las condiciones infrahumanas, los malos tratos, el hacinamiento, la vejación y violaciones al debido proceso, ha decidido incorporar en su informe una salutación a los supuestos esfuerzos del Ministerio para el Servicio Penitenciario del Estado criminal. Esto por supuestamente bajar los índices de violencia, lo cual es incoherente si, revisando el informe, se menciona al menos 18 veces a la DGCIM por uso excesivo de la fuerza, tortura y/o malos tratos.
Por todo lo antes expuesto, desde el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela solicitamos con esta carta que los representantes de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, haciendo valer su condición de oficiales de las Naciones Unidas, ingresen a los sótanos de la DGCIM y constaten el estatus físico y mental de las personas ahí recluidas. Además, que se otorgue inmediatamente fe de vida y se proceda a una evaluación médica de todos los presos políticos recluidos en las sedes de la DGCIM y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), así como en las cárceles de Ramo Verde, La Pica, Santa Ana, Tocuyito, Inof; la sede de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), en La Quebradita (Caracas), y demás centros de reclusión.
De igual manera, solicitamos a su Oficina en Venezuela que cumpla con su mandato de asegurar el respeto y protección de todos los derechos humanos contemplados en la Carta de las Naciones Unidas y en las leyes y tratados internacionales en materia de derechos humanos, redoblando sus esfuerzos, con acciones concretas, para hacer cumplir su llamado a la liberación inmediata de los presos políticos y todas aquellas personas privadas de libertad que cuentan con boletas de excarcelación y/o padecen de afecciones de salud que ponen en riesgo su vida e integridad, así como de todos aquellos a quienes les corresponden medidas alternativas por cumplimiento de la pena y/o sobreseimiento de las causas.
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